Tal parece que el karma persigue a López Obrador en el escándalo detonado por el periodista estadounidense Tim Golden, dos veces ganador del Premio Pulitzer (algo así como el Nobel del periodismo), que reveló que el Cartel de Sinaloa habría financiado su primera campaña a la presidencia en 2006, e incluso acciones previas, como la toma del Paseo de la Reforma, que duró seis meses.

De acuerdo con la información ventilada por este laureado periodista, así como por la mexicana Anabel Hernández, quien la publica en el prestigiado medio alemán Deutsche Welle (DW), operadores cercanos a López Obrador, habrían recibido financiamiento para la campaña por el orden de entre 2 y 4 millones de dólares de parte del narcotraficante conocido como “La Barbie”, quien a la sazón trabajaba con los Beltrán Leyva, del Cartel de Sinaloa. Los operadores de Obrador habrían sido Mauricio Soto Caballero, quien lo ha acompañado en sus campañas de 2006, 2012 y 2018, y nada más y nada menos que Nico Mollinedo, sí, el famoso Nico que fungía como chofer del Tsuru blanco de Obrador, quien luego se convirtió en Jefe de Logística del candidato, y ahora en próspero empresario propietario de un balneario en la Riviera Maya casualmente colindante con el Tren Maya.

Es una especie de karma, porque las acusaciones hechas ante la DEA, se basan en testimonios de los propios implicados, en este caso un abogado de “La Barbie”, y otros testigos protegidos entre quienes figura uno que también fue testigo protegido en el caso de Genaro García Luna, némesis de López Obrador, que fue condenado precisamente en función de los meros dichos de delincuentes confesos y sin ninguna otra prueba.

Durante el juicio de García Luna en Nueva York, el presidente Obrador arremetió contra él exigiendo le cayera todo el peso de la ley (de la ley estadounidense, claro), pero ahora que se le acusa a él bajo el mismo procedimiento, exige que se presenten pruebas. ¡Vaya doble rasero! Cuando se trató de García Luna, festejó que se le condenara sin más pruebas que los meros dichos de los delincuentes, pero ahora, cuando la guadaña se levanta contra él, exige pruebas.

Como sea, a estas alturas, las y los mexicanos no necesitamos más pruebas para saber que el narco apoya a la 4T. Basta saber que Obrador llevó a cabo una campaña de más de 10 años sin trabajar, para empezar a sospechar, y luego ver que ya como presidente dicta una política de “abrazos no balazos”, para confirmar.

Pero hay otros datos. Está la orden que dio Obrador para que el ejército liberara a Ovidio Guzmán, a quien tuvieron que reaprehender tres años después por presiones de los Estados Unidos; está también el comedido saludo que Obrador dio a la mamá del Chapo Guzmán en Badiraguato, Sinaloa, el día del cumpleaños de Ovidio, y sus extrañas, opacas y múltiples visitas a ese municipio; está la solicitud que Obrador hizo al gobierno estadounidense de una visa humanitaria para la madre del Chapo a efecto de que pudiera visitarlo en la cárcel, así como el distinguido trato que Obrador dispensa al “Señor Guzmán Loera”, a quien jamás llama “El Chapo”.

Pero más allá de todo esto, está el hecho de que el crimen organizado ha estado operando a favor de las y los candidatos de Morena en las diversas elecciones que ha habido en ese sexenio. Ahí están las denuncias puntuales del excandidato a gobernador de Sinaloa, Mario Zamora, de que, operadores de su campaña fueron secuestrados por la delincuencia organizada durante la jornada electoral, y que la gente fue intimidada por los delincuentes con amenazas de represalias contra la población si ganaba un partido distinto a Morena.

Algo similar ha ocurrido en Michoacán, donde personas armadas entraron a casillas, tomaron boletas electorales, las marcaron por Morena, y las depositaron en las urnas antes de retirarse; en Tamaulipas y en San Luis Potosí, Morena y su aliado el Partido Verde han postulado como candidatos a personas vinculadas al crimen organizado; mientras que, en Baja California Sur, Durango, Veracruz y Sonora, también hay denuncias de la participación de los cárteles de la droga a favor de Morena. En muchos casos los criminales han acabado con la vida de candidatos que les resultan incómodos, e incluso ya en el actual proceso electoral, la alcaldesa morenista de Manzanillo, fue expulsada de ese partido por revelar la presencia de miembros de la delincuencia organizada en eventos de Claudia Sheinbaum.

Como van las cosas, nos corremos el riesgo no solo de tener un proceso electoral sumamente violento, sino de ver convertirse a México en un Narco-Estado.