Ciudad de México.- La senadora Adriana Dávila Fernández solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) iniciar las investigaciones que permitan esclarecer el ingreso a territorio nacional de personas de otras nacionalidades con fines de trata y sancionar a los agentes migratorios involucrados que laboran en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Mediante un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, Dávila Fernández, Presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, llamó al encargado de despacho de la PGR a coordinarse y colaborar, mediante los instrumentos internacionales pertinentes, con autoridades de otros países en la investigación y desmantelamiento de la red de delincuencia organizada que capta y engancha a mujeres de nacionalidad venezolana y que son sometidas a distintas formas de explotación en nuestro país.

Asimismo, la legisladora por Tlaxcala pidió a la PGR, así como a la Comisión Nacional de Seguridad (CSN) y al Instituto Nacional de Migración (INM) coordinarse para diseñar y ejecutar una estrategia eficaz que permita identificar, desarticular y sancionar las redes dedicadas a la trata de personas que operan en las terminales internacionales nuestro país.

Dávila Fernández recordó que el pasado 8 de mayo en medios de comunicación se publicó una entrevista con la abogada Beatriz Borge, coautora del informe “Trata de Personas, trabajo forzoso y esclavitud moderna”, en el que señala que Colombia es la ruta por la cual paramilitares y traficantes de drogas y armas trasladan a mujeres venezolanas, reclutadas mediante engaños, para ser sometidas a diversas formas de explotación.

De acuerdo con dicho informe, los tratantes pagan entre 14 mil y 19 mil pesos a agentes de migración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para facilitar la entrada de mujeres venezolanas.

Además, se expone que el número de víctimas que han sido reclutadas para ser sometidas a algún tipo de explotación aumentó en los últimos años hasta en un 300 por ciento, al pasar de 60 mil 900 personas, entre 2014 a 2016, a 198 mil 800, entre 2016 a 2018.

De continuar esa tendencia, se estima que en 2020, la población reclutada será de cerca de 600 mil personas, es decir el 2 por ciento de la población total de Venezuela, refirió Dávila Fernández.

“Es necesario que las autoridades mexicanas, y en especial la Procuraduría General de la República, asuman la responsabilidad que les corresponde, para combatir la trata de personas de tipo transnacional e inicie, a partir del conocimiento de tales actos, la carpeta de investigación correspondiente que les permita entablar comunicaciones y actuaciones con autoridades de otros países con el objetivo de desmantelar la red de complicidad que existe entre autoridades nacionales y citada red de tratantes de Sudamérica”, manifestó la legisladora panista.