Ciudad de México 20 de marzo de 2024.- La diputada Frida Guillén Ortíz celebró que se haya logrado un consenso entre todas las fuerzas políticas al interior de la Comisión de Turismo, para impulsar una regulación que coadyuve a minimizar la crisis de vivienda y gentrificación, que se han generado a raíz de una política antisustentable, la cual derivó de la celebración del convenio entre el GCDMX y Airbnb.

“Los jóvenes en la Ciudad somos el relevo que va a dar solución a los problemas que los gobiernos de Morena no han podido resolver, desde el GPPAN existe un compromiso para que la actividad turística sea el principal motor para la reactivación y crecimiento económico de la Ciudad”.

Ello, comentó la legisladora, bajo los principios de sustentabilidad que ayuden a minimizar la crisis de violencia y gentrificación que afectan a miles de capitalinos.

La panista dijo que en el dictamen que se someterá a votación este jueves, se detalla que, bajo el gobierno de Sheinbaum se experimentó un alza abismal en las rentas: el convenio firmado entre el gobierno de Morena y Airbnb para atraer nómadas digitales aumentó hasta 35 por ciento el precio de los alquileres.

“Ya jugaron con las esperanzas de las y los jóvenes y la promesa de vivienda, en la capital, no nos engañen para ganar una elección. Porque mientras Morena significara 6 años de poder, para nosotros los jóvenes, 6 años de no tener una vivienda digna”.

Agregó que es fácil hablar y estar en contra de la gentrificación, pero no asumir sus propias responsabilidades. “La candidata de la continuidad, Clara Brugada por fin anuncia medidas para combatir este fenómeno, pero se le olvida que son ellos los responsables la crisis de vivienda en la Ciudad de México”.

Guillén dijo que promete fortalecer “la política de vivienda para garantizar un derecho a la permanencia”, pero llevan 27 años en el poder construyendo con diferentes normativas, el Bando 2 con López Obrador y la Norma 26 con Marcelo Ebrard; la primera buscaba estimular la construcción de vivienda de interés social, pero terminó por relajar los estándares de construcción y las restricciones de uso de suelo.

La Norma 26 dejaba fuera la planificación urbana, las medidas de mitigación y el desarrollo descontrolado de inmuebles de interés medio y alto. Evidentemente son ellos quienes se han beneficiado de la corrupción inmobiliaria y de haber eliminado las licencias de construcción, por manifestaciones de obra que invitan a violar la normatividad. La vivienda no es de su interés, es el negocio millonario.

El efecto; miles de desplazados al Estado de México o a las alcaldías de la periferia, persiguiendo las rentas más accesibles. “¿Quieren reforzar su política de vivienda?, pues ha sido un fracaso”; el gobierno de la Ciudad se alió con Airbnb para incentivar viviendas de alquiler para convertirlas en rentas para turistas de corto plazo. Lo que agudizó la crisis.

“Clara no habla de cómo combatirán la especulación inmobiliaria que hoy no quieren tocar en el congreso, tampoco habla de una ley inquilinaria para dejar de mercantilizar los derechos de arrendadores y arrendatarios, no nos dicen qué harán con la regulación de plataformas de alquiler y su programa de rentas con posibilidad a compra parece no tener pies ni cabeza”.

La legisladora sostuvo que prometer no empobrece, pero las y los jóvenes con 27 años del mismo gobierno no “podemos vivir de promesas, hoy no tenemos acceso a comprar una vivienda digna, accesible, con servicios urbanos como abasto de agua, recolección de basura, alumbrado público y transporte que cuide el medio ambiente; quieren ganarse el voto joven, bueno comiencen por cambiar lo que han permitido en esta Ciudad”.