Ciudad de México 23 de marzo de 2024.- La senadora Gina Andrea Cruz Blackledge destacó que, si bien el dictamen aprobado por unanimidad en el Senado la República, para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aborda una agenda crucial como la dignificación de la función policial, persiste la preocupación por la falta de acción de la Cámara en relación con la iniciativa presentada en 2020 para garantizar plenos derechos a policías, ministerios públicos, custodios y peritos.

“La no aprobación de esta reforma, por el Pleno, es una muestra más de insensibilidad política y de indiferencia”, acusó la senadora panista.

Abundó que con la reforma que este Senado rechazó todas las personas de las instituciones de seguridad que obtuvieran una resolución judicial definitiva, tendrían derecho a la indemnización y a sus prestaciones correspondientes o a la reinstalación conforme se determine en la ley.

Cruz Blackledge también destacó que, en la sesión del pasado miércoles en la Comisión de Seguridad Pública, se desechó un dictamen de la iniciativa del senador Castañeda Hoeflich, que proponía la asignación de recursos a entidades federativas y municipios para la mejora permanente de las corporaciones policiacas.

Al respecto dijo “que quienes no aprobaron las reformas les dieron la espalda a policías, ministerios públicos, custodios y peritos de todo el país, a pesar de sus legítimas manifestaciones y de sus justos reclamos”.

La legisladora recordó enfáticamente al Pleno del Senado que “nuestras corporaciones de seguridad son el pilar sobre el que se sustenta la paz y la prosperidad de la nación”.

Cruz Blackledge fue más allá al señalar que «no son las Fuerzas Armadas las instituciones competentes para atender la crisis de inseguridad, sino las policías a quienes vemos todos los días en las calles, los ministerios públicos agobiados por impresionantes cargas de trabajo, los peritos quienes realizan un poco reconocido trabajo y los custodios quienes viven en condiciones de vulnerabilidad».

Ante esta afirmación, resaltó la importancia de fortalecer y apoyar a estas instituciones que son la primera línea de defensa en la lucha contra la inseguridad.

También evidenció que la seguridad es hoy la más alta prioridad del Estado, de cara a un proceso electoral que ya ha costado la vida a 25 candidatos de diversas fuerzas políticas.

“Este trágico saldo subraya la urgencia de acciones concretas para garantizar un ambiente seguro y protegido durante el desarrollo de los procesos democráticos en el país”, dijo.

Asimismo, lamentó profundamente que reformas indispensables, como la presentada por ella para garantizar derechos plenos a las personas integrantes de las corporaciones de seguridad, no hayan sido aprobadas.

“Esta falta de acción legislativa representa una oportunidad perdida para fortalecer el marco legal y proteger los derechos de quienes dedican su vida a salvaguardar la seguridad de la sociedad”, lamentó.

La senadora panista evidenció que han sido aprobadas reformas cosméticas e incluso inconstitucionales, que los jueces, magistrados y ministros han revertido, con vergüenza para esta Cámara Alta.

“Este llamado de atención resalta la necesidad de un enfoque legislativo más cuidadoso y reflexivo, que garantice la legalidad y la efectividad de las reformas promulgadas en beneficio de la sociedad”, concluyó.