LA ORIENTACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL FEDERAL QUE DIFUNDEN NARRATIVAS PARTIDISTAS Y DESINFORMACIÓN REPRESENTA UNA CLARA VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y NEUTRALIDAD
Ciudad de México 1 de mayo de 2024.- Mediante un pronunciamiento, la presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión expresó su profunda preocupación y condenó enérgicamente el uso indebido de los medios de comunicación de uso público en el actual proceso electoral.
Señaló que es inadmisible que instituciones como el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, bajo la dirección de Jenaro Villamil, se hayan convertido en instrumentos de propaganda partidista, comprometiendo la objetividad y la imparcialidad que deben regir la operación de los medios públicos. “La orientación de Canal Once, las emisoras del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), y otros medios de comunicación bajo gestión federal hacia la difusión de narrativas partidistas y desinformación, representa una clara violación de los principios de equidad y neutralidad”.
Gómez del Campo aseguró que dicho comportamiento infringe las normas establecidas en la Ley Federal de Radio y Televisión y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual garantiza el derecho a la información veraz e imparcial.
“La reciente acción del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que ha emitido medidas cautelares para cesar la campaña de desinformación y difamación, ilustra la gravedad de las acciones emprendidas por el partido en el poder y sus representantes en los medios públicos” afirmó.
Y agregó que es imperativo que las instituciones actúen con la máxima diligencia para asegurar que los medios de comunicación públicos operen con la transparencia, imparcialidad y pluralismo que la democracia mexicana requiere.
Mariana Gómez del Campo concluyó reiterando su compromiso con una prensa libre y justa, y rechazó cualquier intento de manipularla para fines políticos partidistas. Instó a todas las entidades involucradas a restaurar la integridad y la función pública de los medios estatales, “garantizando así el derecho de la ciudadanía a una información objetiva y equilibrada”