Como lo refleja el comportamiento del tipo de cambio, los mercados empiezan a ponerse inquietos. Y no es que la victoria de Sheinbaum los ponga nerviosos, eso ya lo daban por descontado, lo que detona preocupaciones es el hecho de que el oficialismo esté cerca de conseguir las dos terceras partes en el Congreso de la Unión, ya que esto les permitirá aprobar las reformas constitucionales que les venga en gana, sin dialogar con nadie, sin negociar cosa alguna, y hasta sin avisar. Esto sí que prende las alertas de los mercados; máxime cuando ya hemos visto el tipo de reformas que han intentado aprobar antes, que en algunos casos se ha tratado de verdaderos engendros jurídico-políticos, como fueron los casos de la reforma eléctrica, la electoral, la de la guardia nacional y la reforma judicial.

Ciertamente en el caso del Senado de la República, todo parece indicar que el oficialismo no alcanzará la mayoría calificada que en ese caso es de 86 escaños, pero se quedará a tres o cuatro de alcanzarla, y sabedores de cómo se las gastan, no es improbable que pronto coopten o amenacen a unos cuantos senadores para, de facto, obtener esa mayoría.

Afortunadamente, hasta ahora hemos contado con instrumentos legales que en vía jurisdiccional han evitado que el obradorismo logre hacer avanzar sus reformas más descocadas. Es justamente por eso, que lo primero que el nuevo gobierno quiere reformar es el Poder Judicial. Vamos, no es que lo quiera reformar, es que lo quiere debilitar al grado del aniquilamiento funcional. No quiere contrapesos.

La iniciativa fue presentada por López Obrador, el pasado 5 de febrero. Modifica varias cosas, pero la verdaderamente importante es la que tiene que ver con elegir a ministros, magistrados y jueces en elecciones populares. Lo demás es solo aderezo. Véalo usted mismo en este resumen de las reformas planteadas:

1. Ministros, magistrados y jueces, electos mediante voto popular.
2. Sustituir el Consejo de la Judicatura, por un órgano de administración judicial.
3. Crear un Tribunal de Disciplina Judicial.
4. La elección sería coincidente con las elecciones generales el primer domingo de junio del año correspondiente. El proceso electoral sería organizado por la autoridad electoral; los aspirantes contarían con acceso a radio y TV, pero no con financiamiento público. Los partidos políticos no podrían participar.
5. Para la SCJN el Ejecutivo propondría diez candidaturas, el Legislativo cinco por cada una de sus Cámaras, y el Judicial otras diez. Lo mismo aplicaría para el TEPJF y el Tribunal de Disciplina Judicial. Para el caso de Magistrados y Jueces, las elecciones serían por circuito judicial, y cada uno de los Poderes de la Unión propondría hasta dos candidaturas por vacante.
6. Los poderes judiciales locales también seguirán la regla de la elección popular para nombrar a sus magistrados y jueces.
7. Reducir el número de integrantes de la SCJN de once a nueve.
8. Bajar el periodo de gestión de los ministros de 15 a 12 años, sin posibilidad de reelección. En el caso del TEPJF bajaría de 9 a 6 años, y en el caso de Magistrados y Jueces se ampliaría su gestión de 6 a 9 años, eliminándose la inamovilidad que supone hoy la ratificación, pero con la posibilidad de reelecciones indefinidas.
9. Las faltas definitivas de los ministros, serían cubiertas por personas propuestas en ternas por el Ejecutivo al Senado, para cubrir el periodo faltante. En el caso de Magistrados y Jueces, las ternas surgirían del órgano de administración judicial.
10. Prohibir la procedencia de la suspensión en controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, y juicios de amparo contra normas generales.

Insisto, lo importante es el primer punto, el de elegir a los juzgadores por voto popular. Eso es lo que no debería aprobarse por motivo alguno, sin embargo, es el único aspecto que el presidente ha dicho que es inamovible. Claro, elegir a los juzgadores en las urnas le permitirá al oficialismo colocar en esa función a sus incondicionales. Sería el fin de la independencia judicial, y con ello, el fin de la justicia, porque la principal labor del Poder Judicial federal es precisamente la de proteger a los ciudadanos frente a los abusos del poder. Para ello, el juzgador debe ser absolutamente imparcial, nunca un incondicional o aliado del gobierno. No necesitamos una bola mágica para ver lo que sucederá, ya lo vimos en Bolivia -único país que elige a sus principales cortes en elecciones populares-, donde a partir de esta reforma de 2011, Evo Morales pudo dominar al Poder Judicial a su antojo. Estamos a tiempo; evitemos esta estocada a la justicia mexicana.