Las coordinadoras de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado y la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía Gutiérrez y Noemí Luna Ayala, respectivamente, informaron que los legisladores panistas no convalidarán con su asistencia la Reforma Judicial del gobierno que se aprobó mediante el chantaje, compra de votos y amenazas.

En conferencia de prensa en el Senado de la República, señalaron además que recurrirán a todos los instrumentos legales a su alcance para impugnarla por considerarla ilegítima e ilegal.

“No convalidaremos con nuestra presencia en el pleno que se valide la constitucionalidad de esta reforma que a todas luces es la consolidación de un régimen autoritario en el país”, sentenciaron.

La senadora Murguía Gutiérrez sostuvo que esta reforma nunca debió de haber sido admitida a discusión y a votación debido a las suspensiones que determinaron jueces de distrito en donde ordenaban que cesara la discusión y la posible votación de la reforma.

“Morena, el oficialismo, los traidores a modo centralizaron el poder, acabaron con la división de poderes, con el federalismo”, lamentó.

Subrayó que, durante el proceso, funcionarios públicos, incluso gobernadores, senadores, incurrieron en extorsión, en amenazas, en sobornos, en compra de votos y en brindar inmunidad como patente de corzo a cambio del voto.

Por su parte, la diputada Noemí Luna Ayala señaló que la aprobación de esta reforma demuestra que ahora tenemos un gobierno represor, un gobierno tirano, capaz de usar el aparato gubernamental para comprar conciencias, porque hubo cuatro senadores que no respondieron al mandato ciudadano que nos dieron a la oposición.

“No vamos a asistir mañana porque no estamos de acuerdo con que nos inviten a una fiesta de Morena, una fiesta donde van a dar a conocer que ya cuentan con los votos en los estados necesarios, cuando ni siquiera se consultó a los municipios que también tienen derecho legal a ser consultados”, insistió.

Finalmente, reiteraron el compromiso de Acción Nacional con la división de poderes, la transparencia y con un sistema judicial que sea independiente, que tenga la capacidad de resolver conforme a nuestra Constitución y a las leyes.