Me apena no recordar el nombre del Ministro de Educación español que decía que si solo por un instante quien ocupa un cargo público reflexionara que se trata de un puesto temporal y pagado con dinero de los impuestos que salen del bolsillo de la población, otra sería su actitud y sobre todo, su comportamiento.

Está visto que a la mayoría de los que detentan un cargo público, esto los tiene muy sin cuidado, sobre todo en un país en el que reinan dos siamesas aborrecibles, la corrupción y la impunidad. Y esto me remite a la ocasión en la que hice un viaje a Alemania invitada por el Parlamento de aquel país, y no solo esta servidora, también legisladores de otros grupos parlamentarios. Tuvimos la oportunidad de saludar e intercambiar opiniones con diferentes funcionarios del país germano; nos presentaron, entre otros, al Director de la Oficina Anticorrupción, la llamo así porque no guardo la denominación exacta, pero se trataba del órgano que llama a cuentas a los funcionarios públicos implicados en prácticas de esa laya, muy a propósito le pregunté si en Alemania no había corrupción gubernamental, jamás se me ha olvidado su respuesta: Natürlich gibt es das, aber hier wird der Korrupte bestraft – Claro que la hay, pero aquí sí se castiga al corrupto -. Y sonrió. Nomás faltó que me dijera que en mi país no sucedía lo mismo. Pero a buen entendedor…

Y lo más deleznable no estriba en que no haya sanción para el grueso de los que defraudan a su patrón, el pueblo de México, si no que a millones de este pueblo, le valga una pura y dos con sal, y el ribete, el maldito ribete, es que los adoran, los aplauden, votan por ellos, los festinan y gozan de popularidad, como si se tratara de un miembro de la farándula. Ser un funcionario público honesto, en México, diría un legendario actor mexicano, Arturo de Córdova, “no tiene la menor importancia”.

Por eso abunda esta gavilla de ladrones, descarados, cínicos hasta la médula, y de todos los colores, no es privativo, y algunos, burros, con perdón de estos animalitos ¿Y México? … pues que se fastidie. Mientras no falte la dádiva a los acostumbrados a ser tratados como cosas, que no como personas, abunden los “acuerdos” de cloaca con empresarios sin escrúpulos y otros especímenes, y con los millones de los que les importa un rábano la suerte del país, seguirán llegando al poder ejecutivo de los tres niveles y a las cámaras locales y federales, individuos como los que exhibieron sus miserias el pasado martes de esta semana en el edificio sito en la calle de Xicoténcatl, en la ciudad de México.

La mayoría del Senado de la República – jajajaja ¿de la República? ¿A poco? – aprobó la “reforma” al poder judicial, a la que también le dieron el SÍ, la mayoría de la cámara baja, es decir los que “representan” los intereses de los mexicanos. ¿Cómo la ve? Amén de semejante “ventura”, toditos ellos son SERVIDORES PÚBLICOS y ahí le va, un servidor público, al menos eso se apunta en los cánones del derecho administrativo, que se trata de una persona que brinda un servicio de utilidad social. Esto, en palabras llanas, quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas. Que bonito ¿o, no? Ahí es donde la teoría no concuerda con la realidad. Pero entremos en materia.

En el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reputa como servidores públicos a los integrantes del Poder Judicial, para que no quede ninguna duda. Seguimos. La división de Poderes, así como la independencia que priva entre ellos, constituye la base de un Estado democrático. En México, nuestra Constitución establece que el Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que, como regla general, no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, lo que sustenta el principio complementario de autonomía de cada uno de ellos. Lo anterior no significa que los señalados Poderes tengan que actuar siempre y necesariamente separados, hay facultades en las que convergen.

Me centro en el Poder Judicial de la Federación. Su tarea sustantiva radica en interpretar las leyes, es decir, darle sentido a la norma hecha por el legislador, resolver los problemas entre particulares cuando se trate de asuntos federales, proteger los Derechos Humanos establecidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales y ser un órgano de equilibrio entre los otros dos Poderes.

Su objeto es administrar justicia; los jueces están obligados a impartirla de acuerdo a lo establecido en la ley, no a su libre albedrío ni por mandato de nadie. La Carta Magna, le confiere expresamente al Poder Judicial de la Federación, la defensa del orden constitucional que se garantiza a través del juicio de amparo, de las controversias constitucionales, de las acciones de inconstitucionalidad, incluso de la facultad de investigación otorgada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación prevista en el artículo 97, que revela su calidad de factor de equilibrio entre los Poderes de la Unión.

Asimismo, es la única facultada a interpretar la norma constitucional cuando haya lugar. Razón por la que a partir de 1988 tiene jerarquía de TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

Me falta espacio para abundar sobre el tema, pero resumo, la reforma en materia judicial aprobada por la mayoría de las dos cámaras del Legislativo Federal, pasará ahora a los congresos locales, en los que también tiene mayoría el oficialismo.

Con pena y mucho dolor como mexicana, como ciudadana, como persona que ama entrañablemente a su país, les comparto que, haber aprobado semejante engendro, BORRA AL PODER JUDICIAL y lo convierte en siervo, sí, en SIERVO del Poder Ejecutivo, sujeto a sus caprichos, instrumento de sus vendetas y enconos personales, pero jamás como el árbitro, por antonomasia, para dirimir controversias sometidas a su jurisdicción.

¿Todo está perdido? No. Cuando entre en vigor se abre la puerta de las impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y seguramente van a prosperar porque hay violaciones flagrantes a principios constitucionales, como es, verbi gratia, pasar por encima de la división de poderes.

Hago votos porque la Corte entre al fondo del asunto y no vaya a quedarse solo en el estudio de vicios en el procedimiento. Claro que el oficialismo podrá enviar, si se le pone, de nueva cuenta, la Iniciativa al Legislativo.

No me cabe en la cabeza, por más que me afano en asimilarlo, el que a los jueces los elija el pueblo, al pueblo ir a votar no le quita el sueño. Los jueces no son representantes populares, el Poder Constituyente no los concibió para eso.

Sus funciones no dependen de su popularidad, incluso pueden ser antipáticos, eso no descalifica su calidad de juristas. Diputados, senadores, ojalá que siquiera por unos segundos, se sientan como servidores del país en el que han nacido, crecido, vivido, y tengan los arrestos de privilegiar tan alto honor.