Proponen diputados del PAN modificar método de designación de ministros a la SCJN
Ciudad de México.- Para impedir que se impongan los intereses de quienes designan a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los diputados Arlette Muñoz Cervantes y Óscar Daniel Hernández Morales presentaron iniciativa que deroga, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Durante la Sesión de la Comisión Permanente, Muñoz Cervantes argumentó que la SCJN es un pilar de la vida democrática del país, por ello, “debemos de garantizar su autonomía a fin de que intereses ajenos a los de la nación no triunfen sobre el bien de todos los mexicanos”.
Actualmente, es el titular del Poder Ejecutivo quien propone una terna para elegir a los ministros. “Generalmente los presidentes en turno han nombrado personas cercanas a ellos, quienes terminan transmitiendo o actuando en favor de los intereses e ideología presidencial”, lamentó.
Por ello, la iniciativa que presentamos establece que se abra la terna y se lleve a cabo una consulta a las Universidades, Facultades y Colegios de Abogados más prestigiados del país, ya que lo anterior, aumenta las posibilidades de contar con los mejores y más reconocidos abogados, no solo con los más cercanos al Presidente.
“Es indispensable contar con ministros que sean personas reconocidas por su capacidad, eficiencia y probidad en la impartición de justicia, además de su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”, señaló.
En Acción Nacional, dijo, están comprometidos con la lucha en contra de la corrupción y a favor del Estado de Derecho, “solo con instituciones sólidas podremos ponerle un alto definitivo a la corrupción y a la impunidad que tanto daño le han hecho a nuestro querido México”, sostuvo.
Para ser analizada, la propuesta que propone modificar los artículos 76, fracción VIII; 96 y 98; y se deroga la fracción XVIII del artículo 89, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.