Ciudad de México 19 de noviembre de 2024.- En una medida orientada a proteger a los menores de edad y fortalecer la seguridad de la infancia en la capital, la Diputada local panista, Laura Álvarez Soto, acompañada del Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Andrés Atayde y de todas las y los integrantes de esa bancada, presentó ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar el segundo párrafo del artículo 171 del Código Penal para el Distrito Federal, con la que busca aumentar la pena mínima por el delito de sustracción de menores a 10 años de prisión y la máxima a 20 años, mismas que hoy se encuentran en 3 y 7 años, respectivamente.

La Ciudad de México enfrenta una crisis en materia de desaparición de menores que ha venido creciendo en los últimos años. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desde 2017 se han reportado 5,274 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en la ciudad y al menos 1,167 aún no han sido localizados hasta agosto de 2024.

Esto quiere decir que uno de cada 3 niñas, niños y adolescentes desaparecidos de los que se tienen registro proceden de la Ciudad de México. Las Alcaldías de Iztapalapa y Gustavo A. Madero concentran el 33% de estos casos, lo que evidencia la magnitud del problema. El 80% de los menores desaparecidos son adolescentes entre 12 y 17 años; dos de cada tres son mujeres, lo que refleja un preocupante sesgo de género en estos casos.

“Atender este problema que afecta a la niñez y también a sus familias es algo que ya no puede esperar. Reconocemos que no basta con endurecer las penas, sino que este es un primer paso, pero un paso firme para garantizar su seguridad”, señaló el Coordinador Andrés Atayde.

En tanto, la Diputada Álvarez Soto reiteró: “No basta con protocolos y buenas intenciones. Necesitamos leyes que fortalezcan nuestra capacidad de respuesta y que aseguren un entorno seguro para nuestras niñas y niños. Por eso, propongo elevar las penas por la sustracción de menores, para que quien cometa este delito sepa que enfrentará las consecuencias más severas, que quien pretenda robarse un niño termine en la cárcel”.

Por su parte, Guillermo Donaldo, Director General de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, I.A.P. advirtió que la sustracción por persona ajena o robo de niños requiere de toda la atención ya que se ha incrementado entre menores de 0 a 6 años y en adolescentes de los 12 a los 17 años que son presa del delito con fines de trata o de crimen organizado.

“Elevar las penas es necesario, pero también las Fiscalías deben hacer su parte, no hay justificación para que a los padres o familiares se les pida esperar 72 horas para iniciar una denuncia. La autoridad debe actuar de inmediato”, señaló.

La iniciativa representa un compromiso firme con la protección de la infancia y es un llamado a la acción para que las y los legisladores se sumen en favor de un marco jurídico más sólido y efectivo.