El oficialismo no solo está desmantelando instituciones esenciales de la República, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuya construcción tomó años de esfuerzo y consenso, sino que además está legislando con una preocupante falta de rigor y premura en diversos temas. La rapidez con la que se aprueban reformas ha dado lugar a múltiples errores que evidencian una alarmante falta de cuidado. Veamos algunos casos representativos:

1. Reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales:
En la modificación de esta ley, realizada el 14 de octubre de este año para regular la elección de personas juzgadoras, se cometió un error notable: la repetición de párrafos en el texto. Este descuido, lejos de ser menor, refleja la prisa y la improvisación con que se trabaja, dejando claro que la reforma fue elaborada sobre las rodillas.

2. Errores en la iniciativa de Claudia Sheinbaum:
El pasado 20 de noviembre, la presidenta presentó una iniciativa dirigida a la Cámara de Senadores, pero que, al final, inexplicablemente termina despidiéndose del presidente de la Cámara de Diputados: “Reitero a Usted, Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida”, dice.

Este desliz, firmado por la propia titular del Ejecutivo y por su Consejera Jurídica, Ernestina Godoy, podría considerarse menor, pero revela un preocupante descuido que no esperábamos de la primera magistratura, y que ciertamente no habíamos visto en sexenios anteriores.

3. Contradicciones en la reforma judicial:
En la reciente reforma judicial, se incluyó un nuevo tercer párrafo en el artículo 94 de la Constitución, estableciendo que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se renovará cada dos años por rotación, según la cantidad de votos obtenidos por cada candidatura. Sin embargo, olvidaron derogar el sexto párrafo del artículo 97, que aún estipula que el Pleno elegirá cada cuatro años al presidente de la Suprema Corte, sin posibilidad de reelección inmediata.

Ahora, la Constitución contiene dos reglas contradictorias sobre un tema crucial. Morena ya presentó una iniciativa para corregir este error, que deberá resolverse antes de la primera aplicación de estas normas el próximo año. De no hacerlo, esta antinomia sí tendrá implicaciones relevantes ya que no quedará claro cual regla aplicará para definir quién ocupará ese importantísimo cargo público.

4. Eliminación inadvertida de reformas recientes al artículo 105 constitucional:
El 15 de septiembre de 2024, se publicó una reforma al artículo 105 constitucional que añadía un párrafo final para evitar la suspensión de normas cuestionadas en controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. Posteriormente, el 31 de octubre de 2024, se adicionó otro párrafo que hacía improcedente impugnar reformas constitucionales, en lo que se denominó la “reforma de supremacía constitucional”. Sin embargo, al aprobarse esta semana la eliminación de organismos autónomos, incluyendo al INAI, también se suprimieron inadvertidamente ambos párrafos recientemente incorporados. Esto ocurrió porque la iniciativa aprobada, que fue presentada por el presidente López Obrador el 5 de febrero de 2024, siendo previa, no contemplaba estas recientes adiciones. El asunto evidencia una alarmante falta de revisión y coordinación legislativa.

5. Antinomias en la protección de derechos humanos:
Otros ejemplos, no tan evidentes, pero sí muy relevantes, son las antinomias generadas al introducir a la Constitución párrafos que prohíben impugnar reformas a la propia Carta Magna, o que, en el régimen transitorio de la reforma judicial, por ejemplo, incluyen preceptos que obligan a una interpretación literal. Esto entra en contradicción con la interpretación conforme y pro persona que establece el artículo 1º de la propia Constitución.

Estos ejemplos ilustran con crudeza los descuidos y la improvisación con que se legisla actualmente. Los errores no solo son costosos, sino que ponen en riesgo la coherencia y estabilidad del marco jurídico de la nación. En un contexto en el que la 4T pretende redefinir el rumbo institucional del país, esta falta de rigor no solo es inexcusable, sino profundamente peligrosa.