Esta semana conmemoramos el 108 aniversario de la Constitución. Un evento que, más allá de las ceremonias oficiales, nos obliga a reflexionar sobre el papel que nuestra Carta Magna ha jugado en la construcción del Estado mexicano y sobre los desafíos que enfrenta en la actualidad.

El acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum generó polémica al no incluir a la ministra Norma Lucía Piña, actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este gesto, que pudiera parecer menor, es en realidad un síntoma de una preocupante tendencia: el debilitamiento de la división de poderes y el desprecio por las instituciones democráticas del país.

Desde su promulgación en 1917, la Constitución ha sido la piedra angular de nuestro orden jurídico y político. En ella se consagran los derechos fundamentales de los ciudadanos, se establecen las bases del equilibrio de poderes y se configura el modelo democrático que da sustento a nuestra República. Por ello, el aniversario de la Constitución no debe ser sólo motivo de discursos, sino ocasión para evaluar críticamente su vigencia y efectividad.

En los últimos seis años, hemos atestiguado una erosión acelerada del orden constitucional. El descuido con el que se han hecho algunas reformas, en las que se duplican párrafos o se incluyen sendas contradicciones, dan muestra del poco aprecio que el régimen tiene para con la ley fundamental.

Pero no se trata solo de las reformas, sino de una serie de prácticas que han vulnerado el espíritu de nuestra norma suprema. Con la aprobación de modificaciones para ajustar la Constitución a intereses políticos coyunturales y con la omisión deliberada en su cumplimiento, el Estado de Derecho se ha visto seriamente mermado.

El impacto más grave se ha dado en tres frentes: la concentración del poder en el Ejecutivo, la militarización de la seguridad pública y el debilitamiento del Poder Judicial. En materia electoral, se ha intentado minar la autonomía del Instituto Nacional Electoral, mientras que en la administración pública se han desmantelado organismos autónomos fundamentales para el control del poder.

La militarización de la seguridad pública es otro ejemplo de esta regresión. La Constitución establecía claramente que la seguridad debía estar a cargo de cuerpos civiles, pero, mediante decisiones administrativas ilegales, primero, y mediante reformas, después, esta función ha sido trasladada a las Fuerzas Armadas, contraviniendo el principio de subordinación del Ejército al poder civil.

Esta medida no solo desnaturaliza la función castrense, sino que también genera riesgos significativos para los derechos humanos y el equilibrio democrático.

El tercer punto crítico es el sistemático desacato a resoluciones judiciales y normas constitucionales. La negativa del Ejecutivo a acatar sentencias de la Suprema Corte, sumada a las presiones políticas sobre los organismos autónomos, ha generado un clima de incertidumbre jurídica en el que el respeto a la Constitución parece depender de la voluntad del poder en turno.

No podemos permitir que la Constitución se convierta en un mero documento decorativo, utilizado según la conveniencia política del momento. Su defensa no es solo una cuestión jurídica, sino un compromiso ciudadano con la democracia y el futuro de México. La Constitución es el límite del poder y la garantía de nuestras libertades. Su respeto es la única vía para fortalecer las instituciones y evitar que los excesos del presente comprometan nuestro futuro.

A 108 años de su promulgación, recordemos que la Constitución no es un simple texto legal, sino el reflejo de los principios y aspiraciones de una nación.

Su defensa es nuestra responsabilidad colectiva, y el legado que dejaremos a las futuras generaciones.

El jurista enorme Eduardo García Maynez, sostenía la teoría de los 3 círculos del derecho. En el primero está el derecho formalmente válido, el derecho vigente, es decir, aquel que ha sido aprobado por el legislador siguiendo el procedimiento establecido para ello, pero que no necesariamente se acata o se apega a las necesidades sociales; luego está el intrínsecamente válido, es decir, el derecho justo o natural, pero que no siempre se recoge en la ley; y por último, el derecho positivo, que es como él llama al eficaz, al que realmente se cumple y es obedecido por la sociedad, aunque no siempre sea justo o esté en la ley. El derecho más perfecto es aquel en el que los 3 círculos se intersectan, es decir, “el derecho positivo, formal e intrínsecamente válido”. Triste escena vería García Maynez en el México de hoy, donde ni siquiera la propia Constitución llega a ser eficaz, por muy vigente que sea.