“Las Leyes son el escudo protector” Ruth Bader Ginsburg

La historia de la humanidad está marcada por una lucha constante contra enfermedades que, en distintos momentos, han diezmado poblaciones enteras. La viruela, el sarampión, la poliomielitis y muchas otras han sido combatidas con una herramienta clave: la vacunación. Sin embargo, en América Latina, el acceso equitativo a este derecho fundamental sigue dependiendo en gran medida de la solidez de los marcos normativos de cada país.

Esta semana participé como panelista en un webinar organizado por la Universidad Internacional de Florida. En el evento, parlamentarios e investigadores de toda la región analizamos un estudio de derecho comparado que evaluó la legislación en materia de vacunación en 18 países, incluido México. 

El estudio se estructuró en torno a ejes fundamentales que toda legislación robusta sobre inmunización debería incluir. Entre ellos destacan la estandarización de protocolos, la equidad en la distribución de vacunas, la vigilancia epidemiológica, la educación y promoción de la vacunación, la regulación de la calidad y producción, la participación comunitaria, las garantías legales, la investigación y la asignación presupuestaria.

Los hallazgos revelaron que, si bien la mayoría de los países han avanzado en aspectos esenciales como la obligatoriedad y gratuidad de las vacunas dentro de sus esquemas nacionales, aún existen brechas preocupantes. La vigilancia epidemiológica, clave para anticipar brotes, es deficiente en varias naciones debido a la falta de mecanismos eficientes de identificación y respuesta. De igual manera, la educación y promoción sobre la importancia de la vacunación sigue siendo un área relegada, permitiendo que la desinformación y el escepticismo ganen terreno.

En el caso de México, presenté el cambio más significativo en la legislación sobre vacunación, ocurrido el 19 de junio de 2017, cuando se adicionó el Capítulo II Bis a la Ley General de Salud. Esta reforma estableció las bases legales para garantizar el derecho universal y gratuito a la vacunación para todos los residentes del país, sin importar su régimen de seguridad social. Además, determinó la obligatoriedad para los tutores de garantizar la vacunación de menores e incapaces, la creación del Programa de Vacunación Universal coordinado por la Secretaría de Salud y la implementación de la Cartilla Nacional de Vacunación como documento oficial único.

A pesar de estos avances, la regulación de la vigilancia epidemiológica sigue siendo insuficiente para garantizar una respuesta rápida ante brotes emergentes, y el presupuesto asignado es limitado, con frecuentes subejercicios. Aunque existen sistemas de monitoreo, la identificación de patrones de enfermedades prevenibles por vacunación no siempre es eficiente.

Otro aspecto clave es la educación y promoción de la vacunación. Si bien el gobierno mexicano realiza campañas de concientización, estas no son lo suficientemente sólidas para contrarrestar la desinformación. La proliferación de teorías antivacunas en redes sociales ha generado escepticismo en ciertos sectores de la sociedad. La falta de estrategias efectivas para educar a la población se traduce en una menor aceptación de las vacunas.

En cuanto a la investigación y desarrollo, México tiene un enorme potencial para convertirse en un referente en la producción de vacunas. Sin embargo, enfrenta limitaciones debido a la falta de incentivos y financiamiento para la innovación. La dependencia de vacunas importadas podría reducirse mediante una estrategia clara que impulse la producción nacional con normativas adecuadas y apoyos económicos al sector científico.

El estudio señala que los principales desafíos pendientes incluyen la regulación de la investigación, la participación ciudadana y la protección de los derechos individuales en el contexto de la vacunación obligatoria. La falta de incentivos para el desarrollo de nuevas tecnologías y la ausencia de normativas que fomenten la innovación colocan a la región en una posición de dependencia externa para la producción de vacunas.

Asimismo, la participación comunitaria es uno de los puntos más débiles en la mayoría de los países evaluados. La confianza en la vacunación no debe darse por sentada; es fundamental generar espacios de diálogo entre la comunidad científica, los gobiernos y la sociedad para fortalecer la aceptación y comprensión de las vacunas.

Finalmente, aunque la obligatoriedad de la vacunación está establecida en la mayoría de los marcos legales, pocas normativas contemplan medidas para proteger los derechos individuales, como el tratamiento adecuado de los datos personales en los sistemas de información sanitaria. Este es un aspecto crítico, ya que garantizar la confidencialidad de la información fortalece la confianza de la población en las instituciones.

El camino hacia una legislación robusta en materia de vacunación aún tiene retos importantes. Sin marcos normativos sólidos, presupuestos garantizados y estrategias de comunicación efectivas, la inmunización en América Latina seguirá enfrentando barreras. La pandemia de COVID-19 nos dejó una lección clara: la preparación y la solidez de nuestros sistemas de salud dependen de sigamos trabajando en México en una legislación con visión de políticas públicas bien diseñadas y ejecutadas.