En estos días el Congreso de la Unión le está dando el último adiós a la transparencia en la gestión pública.

Apenas el 20 de diciembre pasado se publicó la reforma constitucional por la cual se eliminó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y en las próximas semanas armonizará la legislación secundaria que termine de despedir de la escena pública a ese órgano constitucionalmente autónomo.

Ya durante esta semana, las comisiones del Senado encargadas de revisar la iniciativa presidencial aprobaron el dictamen.

Se trata de la emisión de una nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información que abroga tanto la ley general como la ley federal en la materia todavía vigentes, así como de la emisión de una nueva Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y de una nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que abrogan las leyes vigentes del mismo nombre. Además, una pequeña modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para dotar de facultades en la materia a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

El problema es que, siendo la transparencia un aspecto clave en cualquier país con normalidad democrática, todos estos cambios lejos de fortalecer ese factor del desarrollo político, vienen a debilitar su entramado jurídico e institucional.

La reforma abona al proceso de concentración de poder que hemos estado viendo desde el inicio del sexenio anterior, al eliminar un órgano autónomo para sustituirlo por uno a modo, perteneciente al propio gobierno. En ese sentido, viene a significar un paso más en la reinstalación del régimen autoritario que creíamos superado.

Con ello, el gobierno se vuelve juez y parte, ya que será el propio gobierno al que le pidas información, el que resolverá si te la otorga o no. Y bueno, como todos los gobiernos de ahora y de siempre, de aquí de donde sea, será renuente a entregar información que lo exhiba como incompetente o como corrupto. Luego entonces, la reforma solo abona a la opacidad y a la corrupción.

Por otra parte, la nueva legislación aumenta la cantidad de supuestos (o excusas) por los cuales el gobierno puede negar información a la ciudadanía, como por ejemplo, cuando considere que se pone en riesgo la “paz social”, cualquier cosa que eso signifique. También cuando se trate de proyectos prioritarios, de asuntos judiciales, o de procesos deliberativos gubernamentales. Ahora el gobierno tendrá argumentos legales para negar casi cualquier cosa a contentillo.

Pero el INAI también protegía nuestros datos personales, nuestra privacidad. Ahora supuestamente lo hará la Secretaría Anticorrupción, pero con nuevas leyes que diluyen esa protección.

Resulta que la nueva ley incluye preceptos que obligan a las personas a demostrar que el tratamiento de sus datos personales en oficinas gubernamentales les causa daño, para que proceda la cancelación de ese tratamiento. Hasta ahora, en el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición, mejor conocidos como derechos ARCO, bastaba que te opusieras a su uso (tratamiento) por parte de terceros, para que estos quedaren obligados a borrar tu información de sus bases de datos; pues bien, ahora tendrás que demostrar que ese uso te causa un perjuicio, de lo contrario no los borrarán, y los seguirán utilizando.

Si engarzamos esto con las nuevas leyes en materia de seguridad pública e inteligencia policial que permitirán un uso masivo de información sensible, queda claro que no solo nos estamos despidiendo de la transparencia, sino también de nuestra privacidad.