Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo habrá —como de costumbre— una gran manifestación pública en diversas calles y plazas del país, destacando desde luego la que se llevará a cabo en la Ciudad de México.

La marcha feminista suele contar con un grupo a la vanguardia denominado “Bloque negro”, constituido por mujeres que reclaman por algunas de las violencias más graves que sufren o han sufrido otras mujeres cercanas a ellas, como violaciones, desapariciones o feminicidios. A efecto de visibilizar su protesta, hacen pintas en monumentos, queman afiches y rompen algunos vidrios, pero, en general, se asumen como protectoras de la integridad del resto de las manifestantes, llegando incluso a poner su cuerpo como escudo ante la represión policial.

Frente a esto, los gobiernos de la 4T han sido todo menos empáticos. Incluso la presidenta Sheinbaum, cuando fue jefa de Gobierno, les echó encima a la policía. Ahora, ya en su nuevo carácter, ha dispuesto la colocación de enormes vallas metálicas y elementos policiacos para aislar a las manifestantes. Lo que me llamó mucho la atención fue que, cuando un reportero le cuestionó por estas medidas, respondió aludiendo a la reciente reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva que ordena la protección reforzada de las mujeres, y diciendo que “por primera vez las mujeres están en la Constitución”.

La aseveración es de lo más extraña. ¿Ignora la primera presidenta mujer de México lo mucho que han evolucionado los derechos de las mujeres a lo largo de la historia constitucional, o simplemente miente?

Basta recordar que los primeros avances ocurrieron en los años 50, en la lucha sufragista. Fue en 1953 cuando las mujeres vieron reconocido su derecho a votar y ser votadas.

Hacia 1974 se hicieron reformas a los artículos 4º, 5º, 30 y 123 para reconocer la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, lo que derivó en leyes laborales para la protección de las mujeres trabajadoras.

En 1997 se retomaron los derechos político-electorales de las mujeres para establecer cuotas de género en candidaturas, lo que incrementó notablemente la participación femenina en la vida política de México.

En 2001 se prohibió cualquier tipo de discriminación por razón de género, lo que derivó en la expedición, en 2006, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En 2011, vino la gran reforma de derechos humanos que incorporó todos los contemplados en los tratados internacionales como parte de nuestro bloque de constitucionalidad, lo que implicó reconocer a nivel constitucional los derechos incluidos en convenciones como la Belem do Pará y la CEDAW.

Hacia 2014, de nuevo se abordó lo político-electoral para transitar de las cuotas de género a la paridad en las candidaturas.

En 2019 se plasmó en diversos artículos el principio de “paridad total”, que asegura que la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres aplique no solo en candidaturas, sino en los principales cargos públicos de los tres órdenes de gobierno, incluyendo los tres Poderes y los órganos autónomos; además, se reforzaron los derechos de las mujeres indígenas.

La reforma a la que aludió Sheinbaum es apenas la más reciente de esta lista de logros que ha costado el esfuerzo enorme de muchas mujeres mexicanas, y ni siquiera es de las más importantes.

Sin embargo, aún hace falta mucho por hacer, como asegurar la protección de la integridad física y personal de las mujeres, consolidar un Sistema Nacional de Cuidados o abatir la brecha salarial, por ejemplo. Lo que está faltando es voluntad política para pasar de las leyes a los hechos. Ahí es donde se verá si con Sheinbaum llegaron todas, o si es puro discurso.