El martes 25 de marzo, en la mañanera de Palacio Nacional, Omar García Harfuch, secretario de seguridad y protección ciudadana, informó que en Guanajuato los homicidios dolosos se redujeron los últimos cuatro días, entre el 20 y 24 de marzo, derivado de detenciones, en Querétaro y Yucatán, de jefes criminales con nexos en el Bajío. Horas más tarde, en reunión celebrada con la gobernadora del Estado y el secretario de la Defensa Nacional, en la comandancia de la XII Región Militar, en Irapuato, anunciaron la creación de dos grupos de trabajo para combatir al crimen. Estas señales que envía el gobierno federal son eso, buenas señales que deben ser acompañadas de acciones y resultados verificables.

Parece precipitado hablar de reducción de ejecuciones porque en cuatro días la hubo. Al mes anterior, febrero, en Guanajuato hubo, en números absolutos, más homicidios dolosos y feminicidios que en cualquier otra entidad. Habrá que esperas datos del mes de marzo y siguientes, para considerar hay o no una tendencia real a la baja. Por lo que toca a la creación de la unidad especial que coordinará el propio García Harfuch, para la “ministerialización” de causas penales de origen federal, que busca incrementar órdenes de aprehensión y sentencias condenatorias de los tribunales federales, ello es competencia solo de dependencias de la Federación: Fiscalía de la República, UIF de Hacienda, Secretaría de Seguridad, Gendarmería Nacional, Centro Nacional de Información, o Defensa Nacional. El robo de combustible o huachicol, el tráfico de drogas y armas, o la totalidad de delitos de delincuencia organizada, son su responsabilidad. Y causa determinante de las violencias en Guanajuato, detonadas desde la mitad del gobierno de Peña Nieto; verificable. Responsabilidad que la política criminal de los abrazos a los delincuentes de López Obrador dejó de perseguir. Parece ahora sí harán su tarea. Lo relevante del anuncio es el compromiso federal de que medirán resultados. Ya se sabe que lo que no se mide, no se mejora, lo cual se dejó de hacer en el obradorato, en todas las áreas de la administración: él siempre tuvo “otros datos”. Transparencia y rendición de cuentas son clave: a exigir medición y mejora.

La segunda unidad, “mixta”, que coordinará la secretaría de la Defensa Nacional, es en la que sí tienen tarea asignada dependencias o entidades del Gobierno de Guanajuato. Este grupo realizará operaciones estratégicas de coordinación e inteligencia en territorio abajeño. Se entiende para ubicar personas y espacios ligados a la delincuencia organizada. Es añosa y constatable la desconfianza o recelo de mandos del Ejército a otras instancias, y más a las civiles y locales. Este es el primer reto. Pero sin duda, si las autoridades municipales y estatal saben hacer inteligencia, incluyendo la “inteligencia social” (el chisme positivo que hay en barrio, colonia, templo, estanquillo, baldío) y lo comparten al ámbito federal, podremos estar ante un cambio sustantivo en las dinámicas de violencias que sufrimos en el estado, como el resto del país. La exigencia básica a nuestras autoridades locales es que tengan estrategias que incluyan el ciclo de inteligencia social, y de prevención de violencias y delincuencia. Participación ciudadana, como en Mérida o Campeche, algunos tiempos en León.

Este cambio de actitud del gobierno federal ante Guanajuato y ante el resto del país, esta provocado por las exigencias y amenazas de Trump, un troglodita cavernario que está transformando, para mal, el relativo orden mundial posterior a la caída del Muro de Berlín. Él, aliado con el sucesor de Stalin y Yeltsin. Acaba de anunciar aranceles que afectarán harto a Guanajuato, como a todo lo que importe EU de autos y autopartes.

El efecto probable, no deseado ni buscado por la 4t, y favorable a nuestro país, es que, por fin, el gobierno de México recupere su sentido de responsabilidad de procurar el respeto a las personas, sus libertades, derechos, patrimionios (seguridad ciudadana); y la paz y orden públicos (seguridad pública). Que a esta buena señal se corresponda un cambio de actitud verificable del gobierno federal, dispuesto a investigar y perseguir al delito.