Unos días antes de la aparición de su edición impresa correspondiente al mes de mayo, la revista Letras Libres dio a conocer en formato digital un extenso artículo escrito por Ernesto Zedillo, quien fue presidente de la República de 1994 al año 2000. Le asignó el título de “México: de la democracia a la tiranía”.

Al final del texto, el autor aclara a los lectores, aunque ninguna falta hacía, que su artículo “se basa en, y actualiza, la denuncia que expresé –dice— en la sesión inaugural de la conferencia anual de la International Bar Association, el 15 de septiembre de 2024 en la Ciudad de México”.

Lo anterior significa que lo declarado por Zedillo hace medio año no es algo nuevo, por lo que ahora a nadie debía sorprender lo que denuncia, como él insiste en llamar a lo dicho en su conferencia de septiembre del año pasado, salvo que ahora agrega datos y comentarios entonces omitidos, que dan mejor forma y contenido a su denuncia.

Tampoco a nadie debe sorprender que la réplica oficialista siga el mismo patrón, idéntico guión, según lo ordena el patrón de Palenque, respecto a lo señalado por el expresidente Zedillo hace seis meses. Es decir, lugares comunes en lugar de argumentos, burdos sofismas, críticas sin sustento (como esa artificiosa relativa al Fobaproa), ataques infundados sobre cuestiones improcedentes, y así por el estilo.

Precisa Zedillo, y precisa bien, lo siguiente: “La actual desventura de México me forzó –dice— a cambiar la decisión tomada, desde que concluí mi responsabilidad como presidente, de abstenerme de comentar públicamente los acontecimientos políticos de la nación”. Pero agrega que: “La indignación que siento… me obligó a romper mi silencio para denunciar este histórico atropello”. Que básicamente hace consistir en las contrarreformas aprobadas por el actual régimen que han venido a terminar con el proceso iniciado hace tres décadas para construir un Poder Judicial independiente, profesional e imparcial, y demoler el sistema electoral creado con el consenso de todos los partidos para garantizar elecciones justas, organizadas por un organismo estrictamente neutral, como en efecto funcionó a lo largo de un cuarto de siglo.

Desde su punto de vista y con referencias precisas y verificables, Zedillo hace sendos y extensos comentarios a sus iniciativas de reforma al Poder Judicial, de diciembre de 1994, y la de 1996, en materia electoral. Que propició, esta última, la pérdida de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, que su propio partido tuvo por casi siete décadas y posteriormente, al término de su mandato, la alternancia en el poder ejecutivo.

Para ilustrar el alcance de su iniciativa, Zedillo comenta sobre su personalísima experiencia que “a diferencia de casos anteriores, ningún partido de oposición impugnó la legalidad de mi elección (como presidente) en 1994. Sin embargo –escribe–, las condiciones para la competencia electoral seguían siendo inequitativas. No dudé en afirmar públicamente que mi propia elección había sido legal, pero no justa. Esa fue la manera de señalar mi firme intención de promover con seriedad y buena fe la reforma propuesta”.

Se podrá o no estar de acuerdo, total o parcialmente, con lo denunciado por Ernesto Zedillo. Pero en modo alguno se puede dejar de reconocer que lo escrito por él –que se complementa con la entrevista concedida a la revista Nexos para su publicación en el número de ésta correspondiente al próximo mes de julio– ha sido con base en argumentos, referencias históricas precisas, con ponderación y sin estridencia, en forma discreta y aun respetuosa, al grado de que ni siquiera menciona por su nombre al ministro de la Corte que impidió, con su voto, que ésta declarara la inconstitucionalidad de la reforma a la Carta Magna, que convertirá al Poder Judicial en un mero apéndice del Ejecutivo. Peor que como era hace tres décadas.