En México, cada año se diagnostican aproximadamente 7,000 nuevos casos de cáncer infantil, según datos oficiales. De estos, más de la mitad son leucemias, y aunque la sobrevida ha mejorado, aún está lejos del 80% alcanzado en países de ingresos altos. El pasado 13 de mayo, la Secretaría de Salud anunció ambiciosas metas: incrementar la tasa de sobrevida al 70% mediante diagnósticos tempranos y tratamientos estandarizados. Sin embargo, tras el entusiasmo con una presentación con tres diapositivas de PowerPoint, persisten preguntas incómodas: ¿de dónde saldrán los recursos humanos y financieros para lograrlo? ¿Por qué, a pesar de los microesfuerzos macrodesintegrados, el sistema de abasto de medicamentos sigue siendo un fracaso?

El gobierno federal ha destacado logros como la implementación de 36 Centros de Referencia Estatal para la Atención del Niño con Cáncer (OncoCREAN), que han reducido tiempos de diagnóstico y mortalidad. Según el IMSS, estos centros cuentan con tecnología de punta y han curado a 3,200 menores desde su creación. Además, en mayo de 2025, la Secretaría de Salud presumió la compra de 21 medicamentos oncológicos con un ahorro del 30% frente a licitaciones anteriores. No obstante, estos anuncios contrastan con informes como el de Veracruz, donde en abril de 2025 se reportó desabasto de insumos críticos para tratamientos oncológicos, obligando al gobierno estatal a compras emergentes. La propia presidenta Sheinbaum reconoció carencias de fármacos contra el cáncer, atribuyéndolas a irregularidades en Birmex, la empresa estatal de insumos médicos. Esto no es nuevo: entre 2019 y 2024, organizaciones civiles documentaron la muerte de 1,600 niños por desabasto crónico, un problema agravado por la cancelación del Seguro Popular y la opacidad en las compras de la UNOPS.

Se olvidó en la presentación de Power Point la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, aprobada por unanimidad y publicada en el DOF el 7 de enero de 2021, cuyo objetivo principal fue establecer medidas para la atención integral y universal de menores de 18 años con sospecha o diagnóstico de cáncer, priorizando la detección temprana, el tratamiento integral y la recuperación, obligando a la creación de la red de apoyo contra el cáncer infantil, la participación de los sectores social y privado, capacitación continua para personal de salud y el Registro Nacional de Cáncer en la Infancia y Adolescencia como parte del Registro Nacional de Cáncer.

Mientras que en México esto ha sido Ley y letra muerta, en Estados Unidos, agencias como el Instituto Nacional del Cáncer y los Centros de Control de Enfermedades han modernizado sus sistemas de vigilancia epidemiológica. El programa SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) cubre el 48% de la población estadounidense, integrando datos de patología, genómica y resultados de tratamientos en tiempo casi real. Además, instituciones como el American College of Surgeons exigen a 1,400 hospitales reportar mensualmente al National Cancer Database (NCDB), con estándares rigurosos de calidad.

Este modelo no solo prioriza la recopilación ágil de datos, sino que invierte en fuerza laboral: registradores oncológicos certificados, patólogos y equipos multidisciplinarios que validan cada variable. En contraste, México carece de una estrategia nacional para capacitar y retener a estos profesionales. La Asociación Norteamericana de Registros Centrales de Cáncer (NAACCR) actualiza anualmente sus protocolos mediante comités técnicos; aquí, ni siquiera existe un registro unificado de cáncer infantil. No basta con protocolos como el PRONAM anunciado, se requiere la obliguación -puesta en Ley- a reportar todos los casos, incluyendo recaídas y metástasis, con estándares interoperables como los de HL7 FHIR.

LLevamos ya ocho meses con el elefante blanco en la habitación hablando del financiamiento, ahorros “potenciales” y abasto de medicamentos. La presidenta Sheinbaum aseguró en octubre de 2024 que el abasto de medicamentos estaba garantizado gracias a compras consolidadas. No obstante, la realidad es que el 30% de los hospitales públicos aún reportan desabasto intermitente, según la organización Nariz Roja. El problema radica en un sistema de compras centralizado, opaco y vulnerable a la corrupción. Ejemplo de ello fue la anulación de licitaciones en 2025 por irregularidades en Birmex, que dejó sin insumos a pacientes en pleno tratamiento.

Tampoco hay claridad sobre el gasto. Aunque el gobierno afirma destinar el 2.6% del PIB a salud, solo una nanofracción llega a oncología. Hemos denunciado que el presupuesto para cáncer infantil es “ridículo” comparado con los 200,000 pesos mensuales que cuesta tratar a un niño en etapa avanzada. Convencido estoy que México no puede permitirse más presentaciones brillantes de Power Point con resultados opacos. Cada niño que muere por desabasto o diagnóstico tardío es un recordatorio de que el cáncer no se combate con discursos, sino con sistemas robustos, financiamiento claro y voluntad política.