“Donde no hay justicia, es peligroso tener razón” Francisco de Quevedo

Estimados lectores, recurro a este espacio para exhortar al Director General del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, a aceptar la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tras una negligencia médica fatal ocurrida en el Hospital General de Tlalnepantla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Perder a un hijo es una experiencia devastadora. El dolor se intensifica cuando esa pérdida es consecuencia de una atención médica deficiente y, aún más, cuando el sistema que debería proteger y reparar, termina siendo cómplice del sufrimiento por su indiferencia y falta de voluntad para reconocer el daño. Este es el caso que nos convoca: un bebé fallecido y la negativa del actual Director General a aceptar una recomendación que permitiría a los padres acceder a la justicia y a la reparación integral.

El derecho a la salud es fundamental y está consagrado tanto en la Constitución mexicana como en tratados internacionales. No se trata solo de garantizar el acceso a servicios médicos, sino de asegurar que estos sean de calidad, oportunos y seguros. Cuando estas condiciones no se cumplen, el Estado tiene la responsabilidad de investigar, sancionar y reparar. En este caso, la negligencia médica fue tan severa que resultó en la muerte de un menor. La recomendación de la CNDH, expediente CNDH/1/2024/319/Q, es clara y exhaustiva: consta de 78 fojas y detalla las responsabilidades del ISSSTE, así como las medidas necesarias para evitar que hechos similares se repitan. Sin embargo, la institución, bajo la actual dirección, se ha negado a aceptarla.

Las recomendaciones de la CNDH no son simples formalidades. Son el resultado de investigaciones profundas, sustentadas en pruebas, testimonios y dictámenes médicos. Su propósito es reparar el daño a las víctimas y prevenir la reincidencia de conductas negligentes. La negativa del ISSSTE no solo es una falta de respeto a los afectados, sino también una afrenta al sistema de derechos humanos y a la sociedad. Además, sin la aceptación institucional, los padres del menor fallecido no pueden acudir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), lo que les impide obtener justicia y reparación.

El Director General del ISSSTE ha declarado en diversas ocasiones su compromiso con la sensibilidad y la atención a los usuarios. Sin embargo, su postura ante este caso contradice esos principios. Se evidencia una cultura institucional que antepone la defensa de la imagen del organismo por encima de los derechos de los pacientes y sus familias. Esta actitud, además de ser ética y jurídicamente cuestionable, vulnera el principio de reparación integral y el derecho a la verdad.

Negarse a acatar la recomendación de la CNDH es un acto de desprecio hacia quienes han sido víctimas de fallas graves en el sistema de salud. Es también un mensaje desalentador para la sociedad: el sistema no está dispuesto a rendir cuentas ni a reconocer sus errores. Esta postura perpetúa el sufrimiento de las familias y erosiona la confianza en las instituciones públicas.

Para los padres del bebé, la negativa del ISSSTE significa revivir el dolor día tras día. No solo han perdido a su hijo, sino que además se les niega el acceso a mecanismos de justicia y reparación. La ausencia de una respuesta institucional adecuada los deja en un estado de indefensión jurídica y emocional.

Este caso no es aislado. En lo que va de este 2025, se han emitido al ISSSTE 23 (veintitrés) recomendaciones: 3, 7, 9, 17, 26, 28, 36, 40, 44, 47, 48, 50, 51, 53-55, 64, 87, 89, 90, 93 y 94. Es reflejo de lo que enfrentan muchas familias mexicanas ante negligencias médicas. El sistema de salud, lejos de ser un espacio de protección, se convierte en una fuente de revictimización. Los afectados deben atravesar procesos largos y desgastantes, donde la justicia parece inalcanzable.

Ante esta realidad, la sociedad y los sindicatos de trabajadores del estado no pueden permanecer indiferentes. Defender el derecho a la salud y los derechos de las víctimas es una tarea colectiva. Debemos exigir a las instituciones públicas que asuman su responsabilidad, reconozcan sus errores y reparen el daño causado.

Aceptar la recomendación de la CNDH no es solo un acto de justicia para las víctimas, sino también una señal de voluntad institucional para corregir y mejorar. La negativa, por el contrario, perpetúa la impunidad y el desprecio por los derechos humanos.

El derecho a la salud implica no solo acceso, sino calidad y seguridad en la atención. Cuando estos principios se vulneran, el Estado debe actuar para investigar, sancionar y reparar. La justicia no puede depender de la voluntad de las autoridades, sino de la obligación legal y ética de proteger a los ciudadanos.

La negativa del ISSSTE a aceptar una recomendación representa una violación a estos principios y un agravio para las víctimas y la sociedad. Es tiempo de que la institución asuma su responsabilidad y muestre verdadera sensibilidad ante el dolor de las familias afectadas.

El caso del bebé fallecido por negligencia médica y la negativa de la dirección del ISSSTE a aceptar la recomendación de la CNDH es una muestra más de la insensibilidad y la falta de voluntad para rendir cuentas. No podemos permitir que la indiferencia institucional siga siendo la norma.

Exijamos juntos que las autoridades cumplan con su deber de proteger y garantizar el derecho a la salud. No permitamos que la impunidad y la indiferencia institucional perpetúen el dolor de quienes han sufrido por fallas del sistema. La justicia para las víctimas de negligencia médica es justicia para toda la sociedad.