“El pueblo merece atención digna” Salvador Allende

La idea de una Cobertura Universal en Salud (CUS) ha sido, desde hace más de una década, un ideal que nos promete acceso gratuito, servicios de calidad y protección financiera para todas y todos. Sin embargo, los más recientes datos financieros y decisiones presupuestales del gobierno federal muestran que, lejos de consolidarse, este sueño se diluye entre recortes, reestructuras y la falta de resultados palpables en salud.

A pesar de los discursos triunfalistas, la realidad es tozuda. En el primer semestre de 2025, el gasto federal en salud apenas alcanzó un avance del 32%, cuando lo esperado, por simple lógica anual, sería cerca del 42%. Esto significa que, mientras los boletines celebran una supuesta expansión de servicios, el dinero no fluye a la velocidad ni en la dirección que exige un país con profundas desigualdades en salud. En otras palabras: los recursos existen, pero no se están usando, y donde más se necesitan, brillan por su ausencia.

El Programa de Vacunación, piedra angular para prevenir enfermedades en niñas y niños, apenas ha ejercido un 0.2% del presupuesto aprobado. Así de grave. Mientras tanto, las coberturas vacunales en BCG y triple viral se mantienen por debajo del 70%, muy lejos del 95% recomendado por la NOM-036. La prevención, clave para reducir hospitalizaciones y muertes, está siendo postergada.

Pero hay más. Programas esenciales como el de Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud o el de Inversión en Infraestructura no han ejercido ni un solo peso en lo que va del año. ¿Cómo se espera entonces mejorar la atención médica en comunidades rurales o marginadas, donde la falta de clínicas y personal sigue siendo el pan de cada día?

Además, el llamado programa estrella —IMSS-Bienestar— que debe atender a 63 millones de personas sin seguridad social, ha mostrado también un avance financiero modesto, con solo el 33% de su presupuesto ejecutado hasta mayo. Esto se traduce en millones de recetas no surtidas y carencias permanentes en insumos médicos.

Lo preocupante no es solo el lento gasto, sino la dirección que está tomando el gobierno hacia 2026. De acuerdo con la estructura programática entregada al Congreso, la Secretaría de Salud pasará de tener 27 programas a solo 16. Bajo el argumento de la “austeridad”, se eliminarán o fusionarán programas esenciales como vigilancia epidemiológica, atención al VIH/SIDA, prevención de obesidad y diabetes, e incluso los de formación de médicos especialistas.

Esta fusión de programas en “súper programas” de nombre rimbombante —como la Política de Prevención y Control de Enfermedades— no es más que una caja negra presupuestal que pierde el enfoque específico en problemas urgentes de salud. No es lo mismo combatir el dengue que tratar enfermedades crónicas como la diabetes. Las necesidades, tratamientos y estrategias son distintas. Agruparlos puede “ahorrar”, sí, pero a costa de vidas.

El retroceso también es conceptual. Como lo explicó Rafael Lozano en su artículo La cobertura universal en salud: historia de contradicciones, México reporta cada vez más contactos entre pacientes y el sistema, pero sin resultados efectivos en salud. Tener una consulta no es garantía de tener un tratamiento útil, y mucho menos, de tener salud. De hecho, sólo el 4.3% de las personas con diabetes tienen un adecuado control de su glucosa, y apenas 13% de quienes padecen hipertensión mantienen la presión bajo control. En otras palabras, lo que se presume como “cobertura” es, muchas veces, solo un acto administrativo sin impacto real.

A esto se suma la ausencia de un sistema único de información, la coexistencia de estructuras paralelas (IMSS-Bienestar vs. IMSS ordinario), y la incertidumbre laboral de miles de profesionales de la salud que trabajan sin certeza contractual. La llamada “consolidación” del sistema es, en el mejor de los casos, una narrativa institucional sin sustento operativo. Y en el peor, una estrategia política para centralizar el control y debilitar a las entidades federativas.

El impacto en la ciudadanía es directo: más gasto de bolsillo, menos acceso a servicios oportunos, y una creciente desconfianza en el sistema público. De acuerdo con el INEGI, entre 2018 y 2022 el gasto en salud de los hogares aumentó 30.9%, y el porcentaje de hogares con gastos catastróficos pasó de 2.5% a 3.3%. La llamada gratuidad se vuelve un mito cuando las familias siguen pagando lo que el Estado no garantiza.

Lo que está en juego no es solo la eficacia de un modelo. Es la salud de millones. Es el derecho a recibir atención digna, oportuna y efectiva. Y es, también, la responsabilidad del Estado de usar bien los recursos públicos.

¿Es posible alcanzar una cobertura universal real con menos programas, menos presupuesto y menos personal capacitado? ¿Qué sentido tiene presumir que hay un médico en cada comunidad si no hay medicamentos, estudios ni seguimiento clínico? ¿De qué sirve centralizar el control si no se mejora la calidad ni se corrige la inequidad en el gasto per cápita entre derechohabientes y población sin seguridad social?

En política, los discursos pueden convencer, pero solo los resultados transforman. Y hoy, los resultados son claros: menos recursos, menos cobertura efectiva, más fragmentación y más desigualdad.

Quienes creemos en un sistema público fuerte, sostenible y justo, no podemos quedarnos callados ante el desmantelamiento institucional que se proyecta para 2026. No es tarde para corregir el rumbo. Pero se necesita voluntad, evidencia y sobre todo, empatía. Porque detrás de cada programa eliminado, hay pacientes que perderán atención, médicos sin herramientas y comunidades más vulnerables.

La cobertura universal no se construye con discursos. Se construye con presupuestos suficientes, con personal estable, con indicadores que midan resultados reales en salud. Se construye con compromiso y con cuidado.

Publicado en Periódico El Economista