Ciudad de México a de 6 de agosto de 2025.- Ante el crecimiento alarmante del delito de extorsión en la capital, el Diputado local Andrés Sánchez Miranda presentó una iniciativa de reforma a tres leyes para crear la primera Unidad Antiextorsión Comercial en la Ciudad de México, con el objetivo de proteger a los pequeños y medianos negocios de esta forma de violencia cotidiana.

“La extorsión no solo asfixia a nuestros comercios. Les roba tranquilidad a miles de familias que trabajan honestamente y ya no saben si van a poder abrir mañana”, declaró Sánchez Miranda desde tribuna, al presentar la iniciativa número 2 del orden del día en la sesión de este miércoles.

El proyecto plantea reformas a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, con cinco medidas principales:
• Creación de la Unidad Antiextorsión Comercial, especializada en investigar, prevenir y combatir extorsiones en establecimientos mercantiles.
• Establecimiento de una Policía de Protección Empresarial y Comercial, que vigile corredores donde hay alta actividad económica.
• Instalación de botones de pánico físicos y digitales en negocios que lo soliciten, conectados al sistema de emergencias.
• Otorgamiento de créditos preferentes y apoyo económico a víctimas de extorsión, con tasa de interés del 0%.
• Operativos encubiertos en zonas de riesgo, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia capitalina.

“El 93% de los delitos en esta ciudad no se investigan porque no se denuncian. ¿Quién va a denunciar si sabe que no va a pasar nada? Lo que estamos proponiendo es que sí pase algo. Que la autoridad actúe antes de que sea demasiado tarde”, agregó el legislador.

Sánchez Miranda subrayó que las cifras son claras: la extorsión es el tercer delito más común en la capital, con una tasa de 7,124 casos por cada 100,000 habitantes, según la ENVIPE 2024. Y en el caso de negocios, la Ciudad de México supera el promedio nacional, con 3,126 extorsiones por cada 10,000 unidades económicas, de acuerdo con la ENVE 2024.

“Proteger a los negocios es proteger empleos, economía local y el derecho de vivir sin miedo. No podemos permitir que el crimen organizado imponga las reglas donde deberían mandar el trabajo y la ley”, finalizó.