La creciente militarización de funciones tradicionalmente civiles en México, impulsada por López Obrador, primero, y por Claudia Sheinbaum, después, es una estrategia que, lejos de resolver los problemas de corrupción, los exacerba y debilita a nuestras instituciones más valiosas. Seguir esa ruta es un error mayúsculo que ya está teniendo consecuencias devastadoras, particularmente en la Marina Armada de México, una de las instituciones históricamente más prestigiadas del país.

La trama de corrupción del llamado huachicol fiscal o contrabando de combustible, es un crudo recordatorio de los peligros inherentes a esta política. La decisión del presidente López Obrador de entregar la administración de puertos y aeropuertos a la Marina, bajo el argumento de combatir la corrupción, ha resultado en lo contrario: la exposición de marinos a redes delictivas, culminando en acusaciones de tráfico de huachicol e incluso de fentanilo. Se ha documentado que este contrabando de combustible implica el ingreso de gasolina de Estados Unidos que no reporta ni paga impuestos al entrar a México, mediante una simulación por la que se le hace pasar por otro tipo de sustancia.

El problema de asignarle a la Marina y al Ejército tareas que corresponden a los civiles es precisamente la dificultad de hacerles rendir cuentas, ya sea por actos de corrupción, como es ahora el caso, como cuando violan derechos humanos o incurren en cualquier otro desvío de poder. Cuando a las fuerzas armadas se les encomiendan responsabilidades en áreas como las aduanas, donde la tendencia al soborno y la corrupción es elevada, el resultado inevitable es el debilitamiento y la corrupción de estas instituciones. Así, el prestigio que alguna vez detentó la Marina está siendo seriamente erosionado por decisiones que la han sometido a un desgaste que no se merecía. 

El problema se agrava cuando consideramos que si hay alguien que puede afianzar su propia impunidad son los militares. Se dice que las instituciones castrenses son mas difíciles de permear por las redes de corrupción, pero lo cierto es que, cuando sucede, la opacidad y la lógica jerárquica inherente a las estructuras militares hacen que la rendición de cuentas sea considerablemente más difícil en comparación con las instituciones civiles. Cuando los casos de corrupción involucran a elementos castrenses, como los marinos señalados en la trama del huachicol fiscal, la investigación y la sanción pueden encontrarse con barreras que en ciertos niveles pueden ser infranqueables. 

El escándalo del huachicol fiscal implica un saqueo al erario que se estima en 170 mil millones de pesos, una cantidad nunca antes vista en ningún caso de corrupción anterior. La estafa maestra de la época de Peña Nieto, por ejemplo, implicó un desfalco de 7 mil millones; el de Segalmex, durante López Obrador ascendió a 15 mil millones, pero el del huachicol fiscal es más de 10 veces eso. Y no solo eso, sino que la trama ya involucra asesinatos, y supuestos suicidios y accidentes mortales, una historia que ni en Netflix podría verse.

Hoy, el oficialismo tiene que asumir la responsabilidad de lo que hizo. Es una grave omisión que el gobierno, que generó este problema al asignar funciones civiles a los militares, no esté rectificando el rumbo.

Este fenómeno no se limita a la Marina y la gestión de puertos y aduanas. Se extiende a la militarización general de la seguridad pública, a través de la conversión de la policía federal en la Guardia Nacional, ahora un brazo del Ejército. La entrega de tareas de seguridad ciudadana a las fuerzas armadas expone a sus miembros a los mismos riesgos de desgaste y corrupción que estamos viendo en las aduanas, amén de otros riesgos que para la democracia implica el desdibujar la línea entre la seguridad civil y la función militar.

Las fuerzas armadas, ya sea el Ejército o la Marina, tienen una función crucial e irremplazable: defender la soberanía nacional y atender a la población en momentos de emergencia. Exponerlas a labores civiles como la administración de aduanas, la construcción de hoteles o la ejecución de obra pública, las desvía de su misión principal y las somete a riesgos innecesarios de corrupción y desgaste. Cuando las necesitemos para lo que realmente son, ya no contaremos con ellas. México necesita instituciones militares fuertes y con prestigio, no debilitadas y distraídas por tareas que, por definición, corresponden a civiles.