La informalidad laboral no se puede ver como un asunto menor ni como una estadística abstracta, significa que más de la mitad de la población ocupada en México trabaja sin acceso a seguridad social, sin prestaciones y con ingresos inestables.

Así lo advirtió la senadora Verónica Rodríguez Hernández, quien detalló que de acuerdo con datos del INEGI, el 54.8% de las y los trabajadores mexicanos están en la informalidad, lo que equivale a más de 30 millones de personas.

“Este fenómeno tiene consecuencias profundas. Los trabajadores informales producen, en promedio, la mitad de lo que produce un trabajador formal, lo que limita a la productividad nacional.

Aunque más del 54% de los trabajadores son informales, generan apenas una cuarta parte del PIB. Eso refleja una enorme desigualdad”, señaló al inaugurar el Foro “La informalidad laboral y el empleo”.

Acompañada por el senador Raymundo Bolaños Azócar, explicó que quienes más trabajan, reciben menos; y quienes menos tienen, están más desprotegidos. Además, la informalidad se traduce en pobreza.

En el caso de San Luis Potosí, dijo, el 44.8% de la población vive en pobreza laboral.

La senadora por San Luis Potosí expuso que la informalidad es un fenómeno estructural y multifactorial, pues tiene su raíz en la falta de empleos formales, bajos niveles de escolaridad, la burocracia que dificulta a microempresarios formalizarse y en las brechas de género como la edad y la desigualdad regional.

Por ejemplo, jóvenes, adultos mayores y mujeres enfrentan tasas de informalidad mayores al promedio y en el campo mexicano la informalidad alcanza más del 80%.

Una de las consecuencias graves que puntualizó fue la exclusión de la seguridad social, pues se estima que 50 millones de personas en México no cuentan con cobertura de salud o pensión por su empleo.

Por ello, propuso impulsar más empleo formal mediante inversión productiva, desarrollo regional equilibrado y estímulos fiscales.

“Simplificar la formalización, eliminando trámites engorrosos que hoy resultan una barrera, extender la protección social para que nadie quede excluido de salud, pensión o seguridad laboral, independientemente de su tipo de trabajo”, manifestó.

También propuso capacitar y vincular desde la educación, especialmente en estados como San Luis Potosí, donde el auge industrial debe aprovecharse para vincular a jóvenes, mujeres y comunidades rurales a empleos formales, y abrir espacios de diálogo.

En el foro participaron Héctor Márquez, director General LATAM, AMITAI; José Alfredo Botello Montes, coordinador de Asesores del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio; Omar Rodrigo Escamilla Haro, director Ejecutivo de Estudios del Trabajo, Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX; y como moderador Rubén López Malo, presidente del Instituto de Política Laboral.