Aunque esta noticia se dio a conocer hace algunos días, es fundamental que la retomemos hoy, porque toca uno de los dolores de cabeza más grandes que tenemos en el día a día: la extorsión. El crimen no se va con la fecha de publicación, y por eso sigue siendo urgente hablar de esto.

La senadora Mayuli Martínez, del PAN, puso el dedo en la llaga sobre la nueva Ley para Prevenir y Sancionar la Extorsión propuesta por el gobierno.

Para el ciudadano de a pie, para usted que tiene su puesto de tacos, su pequeña tiendita o que es taxista, esta extorsión es como un “impuesto del miedo” que le toca pagar, sí o sí, solo para poder trabajar.

Su Negocio, su Patrimonio, en Riesgo

La legisladora tiene razón en algo importantísimo: la extorsión se ha disparado y es el delito que más miedo, enojo e impotencia genera. Y lo peor es que afecta directamente a los que menos tienen para defenderse: los pequeños comerciantes, los negocios familiares y hasta los vendedores ambulantes. Cuando a ellos les va mal, la economía de su barrio o colonia se frena.

La buena noticia es que esta nueva ley sí endurece las penas, habla de hasta 42 años de cárcel para los más graves e incluso sanciona a los funcionarios públicos que se involucren. Esto es algo que el PAN lleva años pidiendo.

La Trampa del Presupuesto

Pero aquí viene la advertencia crucial que nos debe preocupar a todos. La senadora Martínez Simón fue muy clara: una ley sin dinero para aplicarla es solo un papel con “buenas intenciones”.

La ley pide crear:

• Un Centro de Denuncias especial.
• Unidades especializadas contra la extorsión en cada estado.
• Campañas para que la gente sepa qué hacer.

El problema es que, según un apartado de esa misma ley, no se les dará presupuesto nuevo ni recursos adicionales para 2026.

Piénselo así: Le piden al policía que atrape a los criminales, pero le quitan la patrulla, la gasolina y el radio. ¿Cómo va a trabajar?

Si el gobierno no pone el dinero para crear esos centros y capacitar a la gente, las penas altas no servirán de nada porque nadie tendrá la capacidad para investigar, perseguir a los extorsionadores y, sobre todo, proteger a las víctimas.

La extorsión mata negocios, espanta el turismo (como pasa en Quintana Roo) y hace que su vida sea más cara y menos tranquila. El mensaje es contundente: “Una ley sin presupuesto solo cobija la impunidad”.

Como ciudadanos, debemos exigir que las leyes vengan con los recursos necesarios para que no se queden solo en un buen titular. Su tranquilidad y su bolsillo lo merecen.