El senador de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, exigió al Gobierno Federal un “informe exhaustivo, transparente y verificable” sobre los envíos de petróleo y combustibles de México a Cuba, ante la creciente opacidad, el uso de recursos públicos y los “riesgos económicos, financieros y diplomáticos” que estas operaciones implican para el país.

El legislador por el estado de Michoacán recordó que, de acuerdo con información periodística los envíos de petróleo a Cuba se triplicaron durante los primeros meses del actual gobierno, alcanzando 3 mil millones de dólares tan solo entre mayo y agosto de 2025, una cifra que supera ampliamente lo enviado durante todo el sexenio anterior.

“Estamos hablando de recursos públicos que hoy se están destinando en completa opacidad, mientras México enfrenta crisis en seguridad, desastres naturales, educación e infraestructura. Esto es inaceptable”, subrayó Cortés Mendoza.

Desde octubre pasado el senador solicitó vía punto de acuerdo información puntual y precisa sobre el tema, por lo que insistió que este informe detalle:

Los volúmenes totales y el valor económico estimado de petróleo crudo, diésel, turbosina y otros derivados enviados, incluyendo subsidios implícitos.

Los puertos de salida en México, como Coatzacoalcos, Veracruz y Tampico, Tamaulipas, así como los puertos de destino en Cuba.

La lista completa de buques utilizados, incluidas sus rutas, fechas de zarpe y arribo, y la justificación del uso de embarcaciones sancionadas.

La participación de “Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V.”, filial de Pemex creada en 2022, así como el impacto financiero de estas operaciones, que ya reportan pérdidas superiores a 324 millones de dólares, financiadas con recursos públicos.

Enfatizó que el gobierno no puede escudarse en la ‘cooperación internacional’ o en supuesta ayuda humanitaria para justificar decisiones opacas que benefician a un régimen autoritario, mientras Pemex atraviesa una grave crisis de endeudamiento.

“México no puede convertirse en cómplice financiero de la represión ni poner en riesgo su posición internacional. La transparencia y la rendición de cuentas no son opcionales: son una obligación constitucional. Mientras otros países protegen su energía, aquí la usan como chequera ideológica, a costa de Pemex y de los mexicanos”, concluyó.