En México la obesidad dejó de ser un “factor de riesgo” para convertirse en un verdadero factor de destino para millones de personas y para las finanzas públicas. La irrupción de los nuevos fármacos antiobesidad abre una ventana de oportunidad y el reto para dimensionar quién lo debe pagar, quién se beneficiará y bajo que reglas debe otorgarse en el sector público.

Hoy, alrededor de 4 de cada 10 adultos mexicanos viven con obesidad, con cifras aún más altas en mujeres y en el grupo de 40 a 59 años, justo la edad laboralmente más productiva. La encuesta nacional de salud y nutrición documentó un aumento de la prevalencia de obesidad del 24.2% (2000) a 38.9% (2023). Si se combina el sobrepeso y la obesidad, la cifra en adultos supera el 75% en las mediciones actuales. Además, la obesidad mórbida casi se duplicó, lo que anticipa un futuro de mayor discapacidad, gasto médico y pérdida de productividad.

Estimados lectores, menos de una cuarta parte de los adultos mexicanos tienen un peso considerado saludable, y en los grupos de mediana edad esa proporción es todavía menor. Es decir, la obesidad dejó de ser la excepción y se convirtió en el “nuevo normal” epidemiológico, con un sistema de salud históricamente diseñado para atender agudos, no crónicos.

La obesidad además se acompaña frecuentemente con diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, apnea del sueño, hígado graso y osteoartritis, entre muchas otras. La buena nueva es que un descenso sostenido del 5 al 10% del peso corporal ya se asocia con mejoras relevantes en glucosa, presión arterial y lípidos; pérdidas del 15% o más pueden cambiar por completo la historia natural de enfermedades como la apnea obstructiva del sueño o la hepatitis metabólica.

A escala global, empleadores y aseguradoras tienen claro que la carga de enfermedad crónica, encabezada por enfermedades cardiovasculares, cáncer, hipertensión y diabetes, seguirá impulsando al alza el costo de la atención médica en los próximos años. Para 2026 se estima un incremento promedio cercano al 10% en la tendencia médica global, con América Latina por encima de ese promedio y con la obesidad y la mala nutrición como factores de riesgo centrales.

La paradoja es que el propio tratamiento farmacológico de la obesidad ya empieza a ser, en varios mercados, un motor adicional de costos. En muchos países, incluido México, las aseguradoras privadas solo cubren los GLP-1 para diabetes, excluyendo su uso para pérdida de peso, precisamente para contener el impacto en primas. Aun así, hay mercados donde hasta una cuarta parte del incremento de la tendencia médica ya se atribuye al uso masivo de estos fármacos.

En paralelo a esta ola epidemiológica, la farmacología de la obesidad vive un momento de cambio de época. Las guías recientes de la Asociación Americana de Diabetes colocan a los agonistas de GLP 1 y a los agonistas duales como Gastric Inhibitory Polypeptide (GIP)/GLP 1 (como semaglutida y tirzepatida) como eje de la terapia en personas con obesidad y comorbilidades, por su capacidad de inducir pérdidas de peso superiores al 10-15% y de mejorar desenlaces cardiovasculares, hepáticos y funcionales.

Los metaanálisis muestran que, sobre el efecto de la intervención en estilo de vida, orlistat aporta alrededor de 3 puntos porcentuales de pérdida de peso adicional, naltrexona bupropión cerca de 5, fentermina topiramato casi 9, semaglutida cerca de 12 y tirzepatida hasta 16 puntos. Con claridad se ve que ya no hablamos de fármacos “cosméticos”, sino de verdaderos modificadores de la enfermedad, comparables en magnitud de efecto a algunas cirugías bariátricas en determinados perfiles.

En 2025 la FDA dio un paso simbólico al aprobar la primera formulación oral de un GLP 1 para tratamiento de la obesidad, con pérdidas de peso cercanas al 13-16% en 64 semanas, y también autorizó el primer genérico de liraglutida para manejo crónico del peso. Esto anticipa un escenario de mayor competencia, posibles reducciones de precio y, sobre todo, una presión política creciente para que sistemas públicos y privados amplíen la cobertura de estos medicamentos.

Al mismo tiempo, la propia FDA ha tenido que emitir advertencias frente al uso de compuestos no regulados que imitan a semaglutida o tirzepatida, ante riesgos de seguridad, calidad incierta y efectos adversos graves. La experiencia reciente muestra que cuando el mercado regulado no responde a la demanda, el mercado gris lo hará, con los riesgos que ello implica para los pacientes.

El debate que ya se da en empresas y aseguradoras de Estados Unidos terminará llegando a México. ¿Cubren o no cubren el Sistema Público de Salud, el plan de Salud de PEMEX y CFE y, las aseguradoras privadas los nuevos fármacos para obesidad? Un análisis reciente de Aon con más de 130 mil trabajadores mostró que, si bien el costo médico de quienes inician GLP 1 aumenta en los primeros 12-15 meses, a partir del segundo año la tendencia de gasto se revierte y llega a ser 7% menor que la de pacientes comparables que no usan estos fármacos.

Detrás de ese “ahorro” no hay magia, hay menos infartos, menos eventos cerebrovasculares, menos ingresos hospitalarios y menos progresión a diabetes. Es una lección importante para un país como México, mientras sigamos viendo el tratamiento farmacológico de la obesidad solo como un gasto y no como inversión, seguiremos pagando la factura más cara de las complicaciones en las camas de hospital, las muertes prematuras y la discapacidad.

Sin embargo, el otro lado de la moneda es innegable, modelos de simulación señalan que, si se ofrece una cobertura amplia de GLP 1 para diabetes y obesidad en esquemas de seguro de empleo como en Estados Unidos, las primas pueden incrementarse entre 5 y 10% en el corto plazo, dependiendo del copago y de cuán amplia sea la población elegible. El mensaje para tomadores de decisión es nítido, no se trata de decir “sí” o “no” a los GLP 1, sino de definir con rigor clínico a quién, cuándo, por cuánto tiempo y con qué acompañamiento.

Frente a este panorama, México no puede limitarse a importar moléculas, tiene que diseñar política pública reconocimiento la obesidad como enfermedad crónica prioritaria, con metas explícitas de reducción de prevalencia y de complicaciones, medibles con ENSANUT y otros sistemas de información. Sin un objetivo país, toda innovación será episódica y desigual.

Debe reformar la normatividad y el recién publicado “PRONAM Obesidad y Sobrepeso” para integrar de manera explícita el tratamiento farmacológico como componente de la atención integral, con criterios de elegibilidad basados en evidencia (IMC, comorbilidades, fracaso de intervenciones previas) y con énfasis en el enfoque centrado en la persona.

Será clave, diseñar esquemas de financiamiento inteligente. Para el sector público, un uso escalonado y focalizado de GLP 1 y agonistas duales en subgrupos de alto riesgo como, por ejemplo, personas con obesidad y enfermedad cardiovascular establecida, o prediabetes de alto riesgo–, donde puede generar retornos en salud y en gasto evitado en horizontes de 5 a 10 años. Para el sector privado, los datos globales muestran que la clave está en programas corporativos que combinan fármaco, manejo del estilo de vida y una gestión activa de adherencia, en lugar de “recetas sueltas” sin acompañamiento.

Algo importante será regular con firmeza el mercado, vigilar y sancionar productos “milagro” y preparaciones compuestas no autorizadas, fortalecer a COFEPRIS en farmacovigilancia y, al mismo tiempo, agilizar los procesos para la entrada de genéricos y biosimilares que puedan aliviar la presión sobre precios.

Enfatizo que no debemos olvidarnos de lo obvio, ya descrito en el PRONAM, que ninguna molécula sustituye a una política robusta de prevención primaria. Los mismos informes que alertan sobre el costo de los GLP-1 subrayan que la inactividad física, la mala alimentación y la hipertensión son todavía los tres grandes factores de riesgo que empujan la curva de gasto médico en todo el mundo. Si México no corrige el entorno obesogénico, desde el etiquetado frontal y los impuestos a bebidas azucaradas hasta el urbanismo y la regulación de publicidad dirigida a la infancia, cualquier avance farmacológico será siempre insuficiente.

En un mundo que el Foro Económico Mundial describe como “en el filo” por la convergencia de riesgos geopolíticos, económicos y tecnológicos, la salud de la población se vuelve también un activo estratégico. La manera en que México responda al desafío de la obesidad –entre la tentación de la solución rápida y la disciplina de la política pública de largo plazo– dirá mucho de nuestro proyecto de país para la próxima década.

Referencias:

[1] PRONAM Obesidad y Sobrepeso. https://bit.ly/49QQgkE

[2] ADA, Manejo farmacológico de la Obesidad. doi.org/10.2337/doci25-0008

[3] The Global Medical Trend Rates Report 2026. https://bit.ly/4pZwSYQ

[4] Global Risks Report 2026. https://bit.ly/3M7xqOj [5] ENSANUT. https://ensanut.insp.mx/

Publicado en el periódico El Economista