Catorce personas murieron el pasado 28 de diciembre cuando el Tren Interoceánico descarriló en Oaxaca. Catorce vidas que merecen algo más que una explicación conveniente y apresurada. Sin embargo, la Fiscalía General de la República ha cerrado filas con una narrativa tan simple como inverosímil: exceso de velocidad, punto final. 

Ningún defecto en la infraestructura fue detectado en la investigación, ningún problema en el balastro o las vías férreas, nada con el diseño, la ejecución o la supervisión de la obra, ninguna responsabilidad más allá del operador. Una conclusión que, casualmente, exonera a los responsables de la construcción de esta obra emblemática del gobierno anterior.

No es la primera vez que presenciamos este guion. La Línea 12 del Metro nos enseñó cómo funciona: primero se niega cualquier responsabilidad estructural, luego se culpa al mantenimiento, y solo cuando la evidencia se vuelve inocultable -después de 26 muertos en el colapso de 2021- se admiten defectos de origen. El Tren Maya también ha acumulado ya varios descarrilamientos, cada uno sepultado bajo el manto de la “normalidad operativa”. Ahora el Tren Interoceánico se suma a esta lista funesta, en un patrón que se repite con precisión mecánica.

Morena prometió acabar con la corrupción y la impunidad. Sin embargo, cuando se trata de sus proyectos bandera, la opacidad se ha vuelto la regla y hasta una suerte de doctrina de Estado. ¿Dónde están las auditorías independientes? ¿Por qué no se publican los estudios técnicos que supuestamente confirman que todo estaba en perfecto estado? ¿Qué pasó con los sistemas automáticos de control de velocidad que deberían haber evitado que un tren excediera los límites? ¿Por qué se inauguró con tanta prisa un proyecto que claramente requería más tiempo de pruebas? ¿Por qué el gobierno permite que un tren a su cargo sea operado por un maquinista sin certificación o licencia vigente? ¿Por qué un exceso de velocidad de apenas 15 kilómetros provoca una tragedia como esta? 

Las respuestas a estas preguntas importan menos, al parecer, que proteger el relato oficial. Recordemos que López Obrador designó a su propio hijo como supervisor honorífico de esta obra, sin experiencia alguna en ingeniería ferroviaria. Un gesto que en cualquier democracia funcional habría levantado alarmas inmediatas sobre conflictos de interés. Pero en la 4T, el nepotismo es visto como garantía de lealtad y la crítica como conspiración conservadora.

Lo verdaderamente insultante no es solo la posibilidad de que haya habido corrupción o negligencia en la construcción. Lo imperdonable es el desprecio sistemático hacia la verdad y hacia las víctimas. Un descarrilamiento que deja 14 muertos no ocurre por un simple exceso de velocidad del 30% si todo lo demás funciona correctamente. Los sistemas ferroviarios modernos están diseñados precisamente para que un solo error humano no termine en tragedia. Si el exceso de velocidad fue suficiente para causar este desastre, entonces algo más falló: el diseño de la curva, la señalización, los controles automáticos, la capacitación, o todo lo anterior. No olvidemos el hecho no menos importante de que, en realidad no se trata de un tren nuevo, la locomotora es usada (con más de 50 años), y los vagones también (por más de 60 años).

Pero reconocer esto implicaría aceptar que las obras faraónicas de la administración anterior -construidas a marchas forzadas, sin supervisión técnica rigurosa, con presupuestos inflados y bajo el manto protector del nacionalismo performativo- tienen problemas estructurales. Pero eso no cabe en la narrativa hipócrita de la administración actual.

La impunidad no es solo dejar sin castigo a los culpables. Es también negar a las víctimas el derecho a conocer la verdad. Es investigar para encubrir, en lugar de esclarecer. Es usar las instituciones del Estado para blindar a los responsables, y no para impartir justicia.

Catorce personas murieron. Sus familias merecen más que una fiscalía complaciente y un gobierno que confunde lealtad política con responsabilidad técnica. México merece obras públicas construidas con estándares internacionales de calidad y seguridad, no monumentos a la propaganda. Y merecemos un Estado que, cuando descarrilan sus trenes, no haga descarrilar la verdad.