El domingo (22 de febrero) pasado el ejército mexicano abatió al Mencho, uno de los criminales más peligrosos de la historia reciente. El operativo provocó una reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación que implicó tiroteos, explosiones y una ola de violencia retaliatoria en al menos una decena de Estados, dejando un saldo trágico de más de setenta personas fallecidas, entre miembros de la Guardia Nacional, presuntos criminales e incluso civiles atrapados en medio del caos. 

El viraje radical en la estrategia del gobierno merece un apunte. Durante los últimos años, el discurso oficial sostenido por el morenismo se había basado en consignas como “abrazos, no balazos”, apelando a que el combate directo al crimen armado no es la solución y que el origen de la violencia está en las causas sociales: falta de oportunidades de empleo, educación, inclusión y atención a comunidades vulnerables. Esta narrativa, repetida de distintas maneras por López Obrador, por Sheinbaum, y por su partido, buscaba desplazar el paradigma de combate directo aplicado en administraciones anteriores. Sin embargo, los hechos del pasado domingo obligan a una revisión honesta de esa tesis.

El operativo que terminó con la vida del capo más buscado del país no fue un episodio menor o un ajuste de enfoque: fue una operación de fuerza, planificada y ejecutada por el ejército mexicano, que terminó en un enfrentamiento armado directo entre el Estado y el crimen. Esto no puede ser interpretado como algo aislado o casual: es el reconocimiento tácito de que al crimen organizado se le enfrenta, también, con fuerza proporcional a su violencia.

Desde luego, atender las causas estructurales que empujan a jóvenes y comunidades a entrar a circuitos de delito debe ser parte ineludible de cualquier política pública seria. La educación, la generación de empleos, la construcción de tejido social y oportunidades son fundamentales para reducir la base de reclutamiento del crimen organizado. Pero la historia reciente y los eventos de la última semana demuestran que esas políticas preventivas, por sí solas, no detienen a quienes deciden envenenar, extorsionar, secuestrar y matar. 

Una cosa es plantear estrategias de inclusión social, y otra muy distinta es negar la realidad dejando a la población a su suerte frente a los violentos.

Es evidente que, en el diseño de la estrategia, México ha tenido que retomar elementos de confrontación directa que, durante años, habían sido rechazados de forma explícita por la narrativa oficial. 

En otras palabras, en una reivindicación de Felipe Calderón, el país ha pasado de “la guerra de Calderón” a “la guerra de Sheinbaum”, reconociendo que aquel tenía razón, aunque el gobierno actual no lo diga abiertamente. Esta transición estratégica no es incoherencia o debilidad, es el reconocimiento sensato de que la violencia no se resuelve únicamente con buenas intenciones.

Ahora bien, el cambio de rumbo no emana de una súbita sensatez. La presión de Estados Unidos y su exigencia de resultados concretos, ha sido clave.  El gobierno mexicano no podía seguir ignorando estas exigencias de su socio estratégico sin enfrentar consecuencias económicas, de política exterior y de cooperación en seguridad. De hecho, las autoridades mexicanas reconocieron que parte de la inteligencia que condujo al operativo provenía de esa colaboración.

Este punto, lejos de ser anecdótico, subraya un dilema político central para la administración de Claudia Sheinbaum: enfrentar de manera firme al crimen organizado implica también limpiar estructuras infiltradas por la delincuencia dentro del propio gobierno y su partido, o bien caer en la tentación de blindar a ciertos grupos a cambio de estabilidad política interna. Este último camino no solo sería inmoral, sino que pondría en riesgo la soberanía de México ante presiones externas, como lo ha demostrado la experiencia de otros países de la región. En este sentido y en el contexto de la propuesta de reforma electoral, llama la atención la ausencia de un planteamiento claro para combatir la incursión del crimen y su dinero en las elecciones. Parece que Sheinbaum no termina de resolver el dilema.

Como sea, está claro que la muerte de “El Mencho”, y la violencia desatada en su estela, constituyen un punto de inflexión: la evidencia de que solo con amor y abrazos no se puede derrotar a quien emplea terror y balazos para imponer su ley.