“Niñas sin vacuna, gobierno sin excusa”

A un día del 8 de marzo, conviene recordar que hablar de la salud de la mujer no es hablar sólo de hospitales o de estadísticas clínicas: es hablar de justicia, de oportunidades y también de economía. Cuando una niña no recibe una vacuna a tiempo, cuando una adolescente queda desprotegida por fallas del sistema o cuando una mujer enfrenta un cáncer que pudo haberse prevenido, el daño no termina en el consultorio; se traslada al ingreso del hogar, a la productividad, al gasto de bolsillo y, muchas veces, a la estabilidad completa de la familia.

Defender la salud de las mujeres es también defender su derecho a estudiar, trabajar, emprender, cuidar y vivir sin que una enfermedad prevenible las expulse de su proyecto de vida.

Por eso, en el “poder del dinero”, el tema del virus del papiloma humano (VPH) debe traducirse en el lenguaje que mejor desnuda la magnitud del problema: el costo de no prevenir. La vacuna contra el VPH cuesta poco frente a lo que cuesta un cáncer cervicouterino avanzado: cirugías, quimioterapia, radioterapia, incapacidades, pérdida de productividad y, en demasiados casos, endeudamiento y ruina familiar. Si México dejó caer la cobertura de vacunación y permitió que generaciones enteras de niñas quedaran fuera de una protección oportuna, entonces no sólo falló la política sanitaria: también se tomó una de las peores decisiones económicas posibles.

En México, el abandono de la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) no fue un accidente: fue la consecuencia de un gobierno que desmanteló capacidades, dejó de comprar las vacunas, subejerció recursos autorizados (más de 44 mil millones de pesos) y, en los hechos, canceló la política preventiva que durante años protegió a millones de niñas.

La infección por el VPH es muy frecuente y se transmite por contacto sexual y por contacto directo con la piel y las mucosas. Afecta a mujeres y hombres, y puede permanecer silencioso durante años. Pero cuando persiste, abre la puerta a enfermedades graves, como el cáncer cervicouterino, el cáncer anal, el cáncer de pene, el cáncer de orofaringe y las verrugas genitales. No estamos hablando de un problema menor; estamos hablando de cáncer prevenible.

Lo más grave es que el país sí sabía qué hacer. Existían evidencia científica, experiencia institucional y una ruta de prevención basada en la vacunación, la detección oportuna y las campañas escolares. Pero llegó un gobierno de Morena obsesionado con destruir lo que funcionaba, incluso en nombre de una mal llamada austeridad republicana. Y esa austeridad¡ mal entendida terminó golpeando a las niñas mexicanas.

Las cifras evidencian el alcance del fracaso. De acuerdo con la ENSANUT 2022, sólo 43.7% de las adolescentes refirieron haber recibido la vacuna contra el VPH. Y entre las niñas de 10 años, la cobertura fue de apenas 14.8%; en otras palabras, sólo una de cada diez recibió protección en la edad en la que debió haber sido vacunada. Ése no es un dato técnico: es una sentencia sobre la irresponsabilidad del Estado.

Llegamos a este punto porque se interrumpieron las campañas, se relajó el trabajo preventivo en las escuelas, hubo desabasto de vacunas, mala planeación y una alarmante incapacidad para convertir el presupuesto en una protección real.

Y mientras el gobierno se refugia en discursos, el VPH sigue circulando y el cáncer cervicouterino sigue cobrando vidas. Y además persiste una visión atrasada que presenta este problema como si sólo concerniera a las mujeres, cuando hoy está plenamente demostrado que también pone en riesgo a los hombres. Por eso resulta inaceptable que todavía no se asuma, con toda claridad, una política pública de vacunación universal contra el VPH para niñas y niños.

Vacunar sólo a las niñas fue, durante años, una estrategia inicial. Mantener esa limitación pese a la evidencia actual es una renuncia política. Si el virus afecta a ambos, el Estado debe protegerlos. Lo contrario perpetúa una política incompleta, desigual y sanitariamente insuficiente.

No podemos seguir aceptando gobiernos que recortan la prevención y luego administran las consecuencias. No podemos permitir que, por dogma presupuestal, improvisación administrativa o indolencia burocrática, se condene a nuevas generaciones a enfermedades que sí pueden evitarse. La verdadera responsabilidad pública no consiste en presumir de ahorro, sino en impedir muertes prevenibles.

Por eso hoy mi llamado es doble. Al gobierno, a que abandone la mezquindad, reponga las coberturas, garantice el abasto y establezca de una vez por todas la vacunación universal contra VPH para niñas y niños. Y a las familias: que no esperen a que el gobierno esté a la altura; que revisen sus cartillas de vacunación y lleven a sus hijas y a sus hijos a vacunar.

Porque cuando un gobierno falla en prevenir, la sociedad tiene que reaccionar. ¿Usted, qué opina?

Dr. Éctor Jaime