“En salud, la confianza no se improvisa. Se verifica. Se protege. Se legisla..”

Éctor Jaime

Hay momentos en la vida de una persona en los que un medicamento deja de ser un producto y se convierte en una esperanza. Para una niña que recibe quimioterapia, para una mujer embarazada que necesita una vacuna segura, para un adulto mayor que depende diariamente de sus tratamientos, para una familia que guarda una vacuna con la confianza de que protegerá a sus hijos, la calidad de un insumo para la salud no es un asunto técnico: es una cuestión de vida, dignidad y confianza.

Por eso presentamos en la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley General de Salud en materia de trazabilidad, comercio electrónico y régimen penal de los insumos para la salud. El objetivo es claro: que los medicamentos, dispositivos médicos y demás productos prioritarios puedan ser identificados, verificados y trazados desde su fabricación o importación hasta su dispensación o aplicación al paciente.

La trazabilidad no debe entenderse como una carga burocrática más. Es una herramienta de protección sanitaria. Significa saber de dónde proviene un medicamento, quién lo fabricó, qué lote tiene, cuándo caduca, cómo fue almacenado, por qué manos pasó y en qué punto llegó al paciente. En otras palabras: que ningún producto llegue al cuerpo de una persona sin una historia verificable.

México enfrenta un problema serio. La falsificación, adulteración, robo, desvío y comercialización ilícita de medicamentos ya no ocurren únicamente en mercados informales. Hoy puede aparecer en redes sociales, plataformas digitales, farmacias virtuales, distribuidores irregulares e incluso en cadenas institucionales mal vigiladas. Esta realidad obliga a actualizar nuestras leyes. No basta con reaccionar cuando el daño ya ocurrió. Necesitamos prevenirlo.

Nuestra iniciativa propone crear el Sistema Nacional de Trazabilidad de Insumos para la Salud, con una implementación gradual y basada en el riesgo. No se trata de imponer de golpe una obligación imposible a todos los actores del sistema, sino de empezar por donde el riesgo para la salud es mayor: medicamentos oncológicos, biotecnológicos, vacunas, hemoderivados, antimicrobianos, medicamentos controlados, productos estériles y aquellos que requieren cadena de frío.

Este enfoque es importante porque hay productos cuya falla puede acarrear consecuencias irreversibles. Un medicamento oncológico falsificado no sólo representa un fraude económico; puede significar que un paciente pierda tiempo terapéutico invaluable. Una vacuna mal conservada no sólo pierde eficacia; puede quebrar la confianza de una comunidad entera. Un antibiótico adulterado no solo falla en curar, sino que también puede contribuir a la resistencia antimicrobiana y agravar un problema de salud pública.

La reforma también atiende una realidad ineludible: el comercio digital de medicamentos. Comprar por internet se ha vuelto cotidiano, pero en salud no todo puede tratarse como una mercancía común. La venta a distancia de medicamentos requiere reglas claras, establecimientos autorizados, identificación verificable, validación de recetas cuando corresponda y la colaboración obligatoria de las plataformas digitales para retirar ofertas ilícitas.

Esto no busca cerrar la puerta a la innovación ni al acceso digital. Al contrario: busca que la tecnología sirva a la seguridad del paciente. El comercio electrónico puede ser útil, pero debe operar bajo condiciones de responsabilidad sanitaria. Una plataforma no puede ser indiferente si se le notifica que está alojando una oferta irregular de medicamentos. La salud pública exige corresponsabilidad.

Otro eje de la iniciativa es fortalecer el régimen penal. La ley vigente sanciona algunas conductas, pero las redes ilícitas han evolucionado. Hoy no sólo falsifica quien fabrica un producto falso. También participa quien lo almacena con fines de tráfico, quien lo distribuye, quien lo intermedia, quien falsifica documentos, quien simula facturas, quien lo introduce en una cadena legal o quien facilita su venta dolosa mediante canales digitales.

La propuesta no criminaliza errores administrativos ni incumplimientos menores. El derecho penal debe reservarse para conductas dolosas y graves que ponen en riesgo la vida y la salud de las personas. Pero cuando alguien introduce deliberadamente un medicamento falsificado, robado, adulterado o sin autorización sanitaria, no estamos ante una falta menor: estamos ante una agresión contra pacientes vulnerables.

La iniciativa también reconoce que el sistema debe implementarse con sensibilidad territorial. En zonas rurales, indígenas, de difícil acceso o con limitaciones de conectividad, la trazabilidad debe avanzar sin afectar el abasto ni el acceso efectivo a los medicamentos. La seguridad sanitaria no puede convertirse en una nueva barrera. Debe diseñarse de manera gradual, con apoyo técnico y en proporción.

En el fondo, esta reforma habla de confianza. Confianza de la madre en el medicamento que recibe para su hijo. Confianza del médico que prescribe sabiendo que el producto es auténtico. Confianza del hospital que almacena insumos críticos. Confianza de la farmacia que dispensa con responsabilidad. Confianza del paciente en que no debería preguntarse si lo que toma cura, no sirve o le puede hacer daño.

La salud pública moderna no puede depender sólo de buenas intenciones. Requiere reglas, información, tecnología, vigilancia, sanciones y coordinación institucional. Requiere que COFEPRIS, autoridades sanitarias, aduanas, procuración de justicia, instituciones públicas, farmacias, distribuidores, fabricantes y plataformas digitales actúen con un mismo propósito: cerrar el paso a los productos irregulares y proteger a las personas.

Trazar un medicamento es cuidar una vida antes de que ocurra el daño. Es pasar de la reacción tardía a la prevención inteligente. Es entender que detrás de cada lote, de cada envase y de cada receta hay una persona que merece certeza. Les mantendré informados si nuestra iniciativa transita hacia la ley en firme. 

Referencias

[1] Éctor Jaime Ramírez Barba y grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Iniciativa sobre trazabilidad que inicia en la página 45: https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2026/abr/20260429-II-2-1.pdf

Éctor Jaime Ramírez Barba (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, con doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura y presidente del Capítulo de América Latina y el Caribe de UNITE Parliamentarians Network for Global Health.