Ciudad de Méxicio.- Está en marcha el denominado CENSO PARA EL BIENESTAR que levanta en el país un ejército de los llamados “Servidores de la Nación” y que aparentemente buscaría identificar los beneficiarios para los 25 Programas Prioritarios ofrecidos por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en su campaña.

Coincidiendo plenamente en la necesidad que existe en el país de nuevos enfoques y mayor efectividad para la atención de quienes menos tienen, así como la urgencia de corregir la lacerante desigualdad que priva en el país, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) externa su honda preocupación por la forma en que se lleva a cabo esta acción basados en los siguientes cinco puntos:

¿Cuál es el rigor metodológico que dará validez al censo que se levanta? ¿Cuál el padrón sobre el que se trabaja? ¿Es el padrón de Sedesol, del que estarían legalmente impedidos a utilizar? ¿Qué capacitación han tenido los encuestadores cuando es sabido que una tarea como la que se plantea amerita meses de preparación, adiestramiento, identificación de áreas geográficas, etcétera?

Asimismo es válido preguntar ¿qué dependencia es la encargada de recopilar los datos? ¿Cuál será el destino de la información recabada? ¿Qué garantía existe de la observancia de la Ley General de Protección de Datos Personales? ¿Las referencias geográficas tienen relación con las secciones electorales? De ser así sería ingenuo pretender que esto pudiera no aprovecharse con fines político-electorales.

¿Quién paga la elaboración del censo? ¿Son acaso los recursos destinados al proceso de transición? Tales recursos ¿no se encuentran etiquetados y pueden emplearse en actividades distintas a las previstas? ¿Se rinden cuentas de ellos? ¿qué normatividad de transparencia existe al respecto?

El CENSO PARA EL BIENESTAR se lleva a cabo sobre la base de identificar a los 2.3 millones de beneficiarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, a quienes se entregarían apoyos de tres mil 600 pesos mensuales; a los millones de adultos mayores de 68 años que, sin requisitos, recibirán mil 274 pesos al mes; del millón de discapacitados a los que se darán mil 500 pesos mensuales de apoyo; a los 300 mil jóvenes de preparatoria y universidad para los que se tienen destinados mensualmente 833 pesos, en el primer caso y dos mil 400 pesos, en el segundo, más los créditos a la palabra, los apoyos para la reconstrucción de viviendas, los precios de garantía para la gente del campo, entre otros muchos.

La muy seria interrogante es porque se habla ya de esta importante derrama económica, sin duda loable, cuando no se ha presentado siquiera el paquete económico 2019 con las respectivas leyes de Ingresos y Egresos del Federación, mucho menos aprobado y solventado el soporte económico para ejercerlo. Y también porque se instrumentan programas para los que no existen reglas de operación y forma de evaluar y auditar. ¿Se está engañando a la gente para que proporcione su información?

Se habla ya de cambios legales no presentados siquiera al Poder Legislativo y mucho menos autorizados en materia de reducciones fiscales en la franja fronteriza, la operación conjunta de entidades como Liconsa y Diconsa, la segmentación de apoyos a zonas afectadas por los sismos en Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla, entre otras medidas.

Estamos a más de mes y medio de distancia de que el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador entre en funciones, luego de la incuestionable victoria en las urnas del pasado 1º de Julio y no entendemos cuál es el objetivo de estas acciones irregulares, que violentan la legislación, la práctica censal, la protección de datos personales y ponen en duda el uso político de la información.

Exigimos una inmediata explicación de lo que ocurre, la transparencia total de las prácticas que se llevan a cabo, la corrección de las irregularidades y la sanción a las violaciones que se compruebe son llevadas a la práctica.

La Cámara de Diputados forma parte del Poder Legislativo no del “querer Legislativo” por lo que nos opondremos en todo momento a una regresión autoritaria, apoyada en una presidencia imperial.