Ciudad de México.- El GPPAN rechaza tajantemente las modificaciones al dictamen de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública CDMX, que resta facultades al Poder Legislativo en la designación de 116 titulares de los órganos internos de control de la Administración Pública local y órganos autónomos.

Durante la discusión de las comisiones unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior CDMX, el GPPAN presentó una reserva al artículo 16 del dictamen, para evitar que las personas titulares de los órganos internos de control, sean nombradas o nombrados por la persona titular de la Secretaría de la Contraloría General de esta Ciudad, ya que se rompe totalmente con el espíritu del Sistema Local Anticorrupción, permitiendo prácticas retrógradas para fomentar el “compadrazgo político”.

Actualmente la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la CDMX establece y garantiza el principio de contrapeso entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, por lo que el dictamen aprobado hoy contraviene el combate a la corrupción.

El Diputado Federico Döring, integrante de la Comisión sostuvo que con este dictamen se cede una facultad sustantiva del Congreso de la CDMX.

“No es cualquier facultad la que está cediendo el Congreso, ésta no es una materia adjetiva, sino sustantiva y cercenarse así mismo al Congreso, a sus facultades sustantivas, es un acto de estulticia y de traición política a la encomienda que se juró”.

Calificó hoy como un día triste para la democracia en la Ciudad, ya que la fracción de MORENA ha consumado en comisiones un “atropello” a la transparencia y rendición de cuentas.

“Han impuesto su mayoría para que el Congreso no pueda participar en nombramientos de los contralores y el gobierno se vigile así mismo; vemos que se están dedicando con esta mayoría y prepararse para robar”.

Por su parte, Mauricio Tabe, Coordinador del GPPAN y Secretario de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción yaseveró que esta es una decisión ‘histórica’, toda vez que el Congreso de la CDMX renuncia a incidir en los asuntos públicos y de relevancia para la fiscalización de la acción gubernamental.

“Estamos enviando señales de que el Congreso local no es competente”, concluyó.