“Es necesario garantizar presupuesto suficiente para la promoción y protección de los Derechos Humanos de las víctimas del delito o que han sufrido violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia”, señaló la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, al presentar tres dictámenes que fueron aprobados por unanimidad por el pleno del Senado Mexicano.

Al fundamentar los dictámenes, la senadora Kenia López Rabadán se refirió, en primer lugar, al relacionado con el Fondo / Fideicomiso del Mecanismo de Protección para Personas Defensores y Periodistas de la Secretaría de Gobernación y, en segundo término, por el que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el Presupuesto de Ingresos de 2019 se incrementen los recursos suficientes para su debida operación a las diversas instituciones encargadas de proteger y defender los Derechos Humanos. Producto de las exigencias.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuenta con el Programa de Acompañantes Integrales de veinte personas que atienden a 1630 víctimas; igual ocurre con la falta de asesores jurídicos federales y personal especializado de la CEAV, ante la desproporción entre el número de abogados que defienden a las y los imputados en un proceso penal con relación a las y los abogados que defienden víctimas, ya que la Defensoría Pública en el Consejo de la Judicatura Federal, cuenta con 884 abogados, con 26 casos por cada uno y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con 152 abogados que tienen asignados en promedio 105 casos cada uno.

López Rabadán también destacó que otra institución con múltiples necesidades de recursos es la Comisión Nacional de Búsqueda, que debe cumplir con numerosas obligaciones, “este año su presupuesto fue de solo de 486 millones de pesos, de los cuales 186 fueron para cumplir todas las obligaciones con las que cuenta y el resto destinado a las entidades federativas”.

En tribuna, la legisladora señaló que México cuenta con otras instituciones que defienden y protegen los derechos humanos y, como tal, necesitan ser dotados de presupuesto suficiente, como la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la aún Procuraduría General de la República, la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

El tercer dictamen aprobado fue sobre el Examen Periódico Universal (MEPU), el cual es el mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para examinar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos.

Este examen se estableció en 2006 y desde entonces México ha sido revisado en dos ocasiones: febrero de 2009 (91 recomendaciones) y octubre de 2013 (176 recomendaciones), detalló la legisladora.

El pasado 7 de noviembre, México fue sometido a su tercer examen en la ciudad de Ginebra, Suiza, y estos son los pormenores:

México recibió una lista de 264 recomendaciones.

102 estados se pronunciaron en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país.

Una de las preocupaciones principales fue la ausencia de investigaciones imparciales, identificación y enjuiciamiento de responsables mediante instancias especializadas y legislación específica.

Los temas recurrentes fueron:
Asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Violencia de género y feminicidios.
Derechos de las y los migrantes.
Desplazamiento forzado interno.
Discriminación de indígenas.
Personas con discapacidad.

Para concluir, la senadora de Acción Nacional señaló que se recibieron 21 recomendaciones, las cuales van desde la protección a personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas hasta fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.