Con el triunfo de Donald J. Trump como el 45avo. Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto deberá de hacer uso del más alto nivel de diplomacia y política exterior, para evitar fuertes afectaciones a la relación bilateral que representa el 80% de las exportaciones mexicanas, manifestó la Vicecoordinadora de Proceso Legislativo del PAN en San Lázaro, Eloísa Talavera Hernández.

La congresista por Baja California, expuso la preocupación generalizada en su Entidad, luego de la grave crisis humanitaria que se vive en el Estado desde el mes de mayo en que inició una inmigración que suma ya cerca de 16 mil personas provenientes principalmente de Haití, en un escenario político en donde el presidente electo Trump, ha sido enfático en levantar muros, cerrar puertas y deportar a millones de inmigrantes en esa nación.

En los últimos 7 meses, dijo, Baja California, principalmente Tijuana ha recibido a por lo menos 11 mil inmigrantes provenientes de Haití y unos 5 mil de países como Paquistán, Senegal, el Congo, Honduras, El Salvador y Guatemala de acuerdo a la Dirección de Atención al Migrante de Tijuana, todos ellos buscando el asilo político en los Estados Unidos, que hoy se vislumbra más complicado ante la posible política en este tema que impulsará el próximo presidente de ese país, Donald Trump.

Talavera Hernández refirió que, de acuerdo a diversos reportes, cada día llegan a Tijuana cerca de 300 inmigrantes con un estatus legal por el permiso concedido por el Instituto Nacional de Migración, sin embargo, no pueden trabajar, no tienen recursos, no tienen donde dormir ni como alimentarse y esto ha rebasado incluso al gobierno municipal para atender la crisis humanitaria.

Agregó que la situación es grave, ya que son tres flujos de migrantes los que convergen en Tijuana, por un lado, los mexicanos que los norteamericanos regresan, los mexicanos que por seguridad han abandonado sus comunidades y quieren cruzar la frontera y ahora los haitianos, cuyo estatus migratorio es de desplazados.

Ante este escenario, el presidente Peña Nieto junto con la cancillería, el gobierno estatal de Baja California y los gobiernos municipales, deben de establecer una comisión de evaluación y respuesta ante una política del Estado Norteamericano que pudiera cerrar las puertas, subrayó.