Ciudad de México, a 19 de febrero de 2019.- La senadora por Aguascalientes, Martha Cecilia Márquez Alvarado, presentó una iniciativa que plantea que los recursos públicos que el Gobierno federal invierta en sus programas y proyectos, tengan como propósito el beneficio para la población, además de que se usen de manera eficiente, evitando gastos innecesarios o el mal uso de dinero proveniente del erario.

“Esta iniciativa busca que la ejecución de recursos públicos por parte de las dependencias del Gobierno de la República haga énfasis en la planeación, estudios de factibilidad y de costo-beneficio, además de contar con indicadores de resultados previo a su proyecto de presupuesto, con el objetivo de hacer más eficientes y eficaces los sectores gubernamentales”, sentenció la legisladora federal.

Cada año, la Auditoría Superior de la Federación emite observaciones e informes sobre el mal manejo de los recursos públicos y la deficiencia de algunos programas o proyectos, pero la mayoría de las veces se omiten dichas observaciones, por lo que las dependencias responsables de articularlos y operarlos, continúan recibiendo una cantidad significativa del gasto público, a pesar del mal manejo de los recursos, indicó.

Agregó que la falta de planeación y de estudios de factibilidad genera en muchos casos que el costo de los proyectos se duplique o no alcance para cubrirlos, por lo que refirió que en la administración pública debe seguir el concepto de la Nueva Gerencia Pública, a fin de que se empleen las herramientas administrativas del sector privado para que las organizaciones gubernamentales se comporten de una forma más responsable y eficientes en el manejo del dinero.

Finalmente, expresó que las acciones derivadas del referido concepto, contribuyen a la mejora continua en la responsabilidad de la administración pública, la evaluación y planeación de los proyectos, el desarrollo de recursos humanos de las dependencias gubernamentales, la reducción de costos, la mejora en la eficiencia operacional, la calidad de producción y la prestación de los servicios brindados.

La propuesta de la senadora panista fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y a la de Estudios Legislativos, para su análisis y dictaminación.