Ciudad de México, 8 de abril de 2019.- Con una modificación hecha por Acción Nacional, la Cámara de Diputado aprobó por 456 votos, el dictamen para que los servidores públicos sean acreedores de una sanción por violaciones a las leyes electorales, específicamente por hacer uso de recursos de la nación.

Al presentar su reserva de modificación y aceptada por el Pleno, el diputado Marcos Aguilar Vega, propuso eliminar del artículo 457 dos palabras “obligatoriamente” y “presentará”, que establecen como obligación de la reforma aprobada, que los servidores públicos no solamente sean investigados por la vía administrativa sino que obligatoriamente sean investigados por la vía penal.

Y la palabra obligatoria, dijo, se refiere específicamente a que no todas las responsabilidades administrativas son responsabilidades penales y no todas las responsabilidades penales son responsables administrativas.

“Ante este escenario, lo que estamos planteando es que el superior jerárquico tenga facultades para denunciar administrativamente a quien haya incurrido en una infracción, pero no necesariamente tenga que hacerlo ante el ministerio público. Para evitar la saturación del ministerio público, hoy hemos adoptado eliminar ese supuesto para dejar intocable el artículo 457 y con eso, los elementos del 456 permitan que esta reforma logre su propósito para sancionar a los malos servidores públicos de la nación”, sostuvo Marcos Aguilar.

En su turno, el Jorge Arturo Espadas Galván, señaló el PAN está a favor de sancionar de manera eficaz a todas y a todos los funcionarios que por cualquier motivo, a través de su actuación, desvían recursos públicos desde su propio tiempo, hasta recursos monetarios para beneficiar a alguna campaña política.

“Esta postura la asumimos con toda responsabilidad y con toda certeza de que es el camino que se debe seguir, modernizar a toda la legislación electoral para hacer efectivas estas sanciones administrativas”, apuntó en tribuna.

Espadas Galván aseguró que Acción Nacional está convencido de que los recursos públicos jamás deben de verse inmiscuidos en una campaña política y que el electorado debe de ejercer su voto en total libertad, que cualquier presión al electorado debe ser sancionada y tratándose de un servidor público, con mayor razón.

La reforma a los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece las sanciones para los servidores públicos que realicen infracciones en materia electoral, entre ellas:

Amonestación pública;
Multa de hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización;
Multa de entre cinco mil y 10 mil Unidades de Medida y Actualización tratándose del uso de recursos públicos para la presión o coacción a los electores a efecto de inducir el sentido del voto; y,
En caso de reincidencia con multa que constituya el doble de la multa originalmente impuesta.

Además se aprueba precisar que, sin menoscabo de la aplicación de la sanción en materia administrativa electoral, se deberán obligatoriamente presentar las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público.