Ciudad de México a 5 de mayo de 2019.- La senadora Kenia López Rabadán urgió al Senado de la República que a través de Parlamento abierto se analicen las leyes secundarias para la operación de la Guardia Nacional (GN), ya que mientras los elementos del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal han iniciado operaciones en labores de seguridad y protección ciudadana, aún no existen las leyes secundarias que rijan su actuación ante la sociedad mexicana.

“Hasta el día de hoy no existen iniciativas que permitan iniciar el procedimiento legislativo, por lo que hay que recordar que derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (el 26 de marzo del año en curso) de la reforma constitucional por la cual se crea la Guardia Nacional, el Congreso de la Unión cuenta con 60 días naturales a partir de la entrada en vigor de dicho decreto para expedir la Ley Orgánica de la Guardia Nacional y de 90 días naturales para expedir la Ley Nacional sobre el Registro de Detenciones y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Igualmente, deberemos aprobar reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, precisó.

Cabe destacar que las leyes secundarias para regular y dar contenido a las reformas constitucionales por las que fue creada la GN involucran los citados cuatro proyectos legislativos y revisarlos en Parlamento abierto permitirá involucrar las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que son un excelente cimiento para que desde la visión de los derechos humanos queden perfectamente analizados y definidos los controles externos e internos de la nueva corporación.

Por lo anterior, López Rabadán, insistió en que para expedir dichas leyes el Congreso de la Unión deberá realizar audiencias dentro de un Parlamento abierto como el que se llevó a cabo para aprobar las reformas constitucionales sobre GN, a efecto de que todas las visiones sean tomadas en cuenta en tan importantes leyes secundarias.

Respecto a la Ley Nacional sobre el Registro de Detenciones, dijo que ésta “homologará en el país el registro de toda detención realizada por las fuerzas de seguridad pública, lo que servirá para erradicar detenciones arbitrarias, torturas e inclusive desapariciones forzadas. Dicha normatividad deberá apegarse a los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas”.

Asimismo, subrayó que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza servirá para determinar la forma en que la Guardia Nacional y demás instituciones de seguridad pública ejercerán el uso legítimo de la fuerza, la cual deberá ser bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad.

Recordó que el Estado cuenta con el “monopolio de la fuerza”, es decir, que frente a conductas delictivas y a efecto de preservar la seguridad pública puede ejercerla, sin embargo, dicha facultad no es absoluta, ya que debe observar que su uso no sea abusivo, arbitrario, excesivo, violatorio de derechos humanos y se encuentre apegada a los más altos estándares internacionales.

López Rabadán refirió que la creación de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza ha sido una exigencia por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil e instancias internacionales dentro del Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos para regular el uso adecuado de la fuerza tanto de las distintas policías como de las fuerzas armadas del país.

“Para realizar dicha ley contaremos con numerosos insumos nacionales e internacionales, ya que a nivel nacional existen entidades federativas -un ejemplo es la Ciudad de México- que ya cuentan con leyes sobre la materia y a nivel internacional existe una amplia Jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, así como con los Principios Básicos de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, puntualizó.
López Rabadán puntualizó que los pasos legislativos siguientes deben ser realizados con estricto cuidado, a efecto de que la nueva legislación sea de excelencia.

Eso únicamente se podrá lograr teniendo un acompañamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, académicos, víctimas y de las instancias internacionales en un ejercicio de Parlamento abierto, lo que permitirá cumplir con la mayor exigencia de los mexicanos y es que haya seguridad para todas y todos en el país, concluyó.