Ciudad de México, 17 de julio de 2019.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en voz del diputado Marco Antonio Adame Castillo, exhortó al Ejecutivo Federal a abstenerse de utilizar los 80 mil millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) para fines distintos a la prestación de servicios médicos de alta especialidad y tratamiento de enfermedades de alto costo, conforme lo establece la Ley General de Salud y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

En conferencia de prensa, donde dio a conocer que Acción Nacional presentó un Punto de Acuerdo para defender el Seguro Popular y en particular, el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el también Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Adame Castillo, añadió que los recursos deben seguir siendo para los fines establecidos en su creación, entre ellos: apoyar la salud de las personas sin seguridad social y en mayor nivel de vulnerabilidad social, así como para ampliar el número de intervenciones graves, costosas y complejas para efectivamente avanzar en el ejercicio del derecho humano a la protección social en salud.

Señaló que mediante un memorándum, el Presidente López Obrador, intenta desaparecer el Seguro Popular, sistema de salud que atiende a más de 53 millones de mexicanos, la gran mayoría, en situación de pobreza y vulnerabilidad, con lo que pretende destruir y tirar a la basura los avances que el Estado mexicano tiene en el cumplimiento del derecho constitucional de toda persona a la protección de la salud.

“Por tanto, la decisión del presidente de tomar 80 mil millones de pesos con aplicación inmediata en este año del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para fortalecer el sistema de salud pública, resulta cuestionable en cuanto a su legalidad”, denunció.

Proponer dijo, la desaparición del Seguro Popular, “es una decisión tóxica y dañina para la salud de los mexicanos. Es una ocurrencia, una más de las acciones voluntaristas del Ejecutivo Federal que tiene consecuencias muy delicadas para la salud de millones de mexicanos, los más pobres, quienes más necesitan del apoyo de las instituciones”, indicó Adame Castillo.

El también ex Gobernador de Morelos, explicó que no pueden utilizarse los recursos con otros fines que no sean los estrictamente establecidos en la Ley General de Salud, su Reglamento, las Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud de 2019 y el Presupuesto de Egresos de la Federación para este Ejercicio Fiscal 2019 aprobado.

Asimismo, añadió, resulta cuestionable respecto al monto de recursos. Del 2013 a 2018 el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud autorizó recursos por 56 mil 673 millones de pesos para gastos catastróficos, lo que evidencia que sería muy grave utilizar más del monto que podría necesitar la presente administración para cubrir los gastos catastróficos de millones de personas sin seguridad social.

Recordó que la cuenta del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que tiene el Fideicomiso ya no es del Estado, “el Estado lo puso y se ha fortalecido por las aportaciones desde 2004, pero el dinero existente es de los derechohabientes del Seguro Popular”, añadió.

“Esta medida que pretende realizar el Presidente, demuestra poca sensibilidad hacia la población más vulnerable como quienes presentan alguna malformación congénita y/o adquirida, hemofilia, enfermedades lisosomales, algún tipo de cáncer, infartos, hepatitis tipo C, VIH-SIDA, alteraciones cromosómicas, o los que requieren algún trasplante, entre otros padecimientos catastróficos”, afirmó.

“Queremos dejar claro con este Punto de Acuerdo, que México no se puede gobernar por decreto en materia de salud, esto no es correcto y daña gravemente a la población y que con la salud de los mexicanos no se juega”, concluyó en conferencia de prensa.