Por Juan José Rodríguez Prats.- Los gobernadores carecen de instituciones para contener los abusos del poder. Ni congresos ni tribunales ni órganos electorales ni comisiones de derechos humanos y de acceso a la información son contrapesos. No siempre fue así. En un tiempo, el Ejecutivo federal los “renunciaba” sin mayor trámite. De 1929 a 2014 no terminaron su periodo 51 gobernadores.

El primer caso fue el del gobernador de Nayarit Esteban Baca Calderón, quien, según Salvador Azuela, “durante la campaña vasconcelista tuvo el rasgo cívico, leal a sus antecedentes democráticos, de dar plenas garantías a la oposición. Sin importarle que así comprometía el puesto, como los acontecimientos lo confirmaron, buscó al Lic. José Vasconcelos y lo trató con gran cordialidad”. La presión de Plutarco Elías Calles fue tan agresiva que Baca Calderón entregó el gobierno en 1930. Los últimos fueron Fausto Vallejo, de Michoacán, y Ángel Aguirre, de Guerrero, en 2014.

Los motivos fueron variados: escándalos de corrupción, chivos expiatorios, problemas de gobernabilidad, rebeldía hacia el centro, crecimiento de la oposición, etcétera. Adolfo Ruiz Cortines y Carlos Salinas de Gortari fueron los campeones de las “renuncias”.

Vicente Fox y Felipe Calderón no ejercieron esa facultad concedida por las reglas no escritas. Esto se debió a lo siguiente:

Ya electo, Fox se reunió con los gobernadores. Muchos llegaron humildes y temerosos esperando nuevas directrices en su quehacer. Se les hicieron tres promesas que fueron rigurosamente cumplidas: fin de las renuncias desde el centro, aumento del presupuesto y delegados de las dependencias federales designados con su visto bueno. Había nacido lo que Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín denominaron “feuderalismo”. No conformes, los gobernadores crearon, con la aquiescencia del gobierno federal, un bodrio jurídico: la Conago.

El resultado fue desastroso. Los niveles de corrupción se dispararon y, por ello, muchos estados están en bancarrota. El desastre de las finanzas municipales todavía no aflora en su descomunal magnitud. El autoritarismo alcanzó niveles escandalosos y las cifras de la inseguridad no se han podido disminuir, derivado en mucha de la penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado.

Hoy estamos ante un grave atropello a nuestro resquebrajado Estado de derecho. Las leyes son generales y deben ser acatadas por todos. No deben hacerse para un individuo, como es el caso de Baja California, que permitiría a Jaime Bonilla ser gobernador por cinco años, en lugar de dos, periodo por el que votó la ciudadanía.

El amparo y los mecanismos de controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad han distorsionado nuestro sistema jurídico otorgándole a la Suprema Corte el monopolio para declarar un acto violatorio de nuestra Carta Magna. En la claridad no hay interpretación. El Presidente protestó guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, no es suficiente que las cumpla, también tiene que hacerlas cumplir. López Obrador designó a Bonilla superdelegado y lo apoyó para ser candidato de Morena. Es más, se exhibió con él en plena campaña. Es cínico decir ahora que no tiene injerencia, es hacerle al Poncio Pilatos en una situación que él provocó. ¿No ha dicho acaso que, entre la ley y la justicia, se debe optar por la justicia? Bastaría con una llamada de Olga Sánchez Cordero para terminar la farsa. Como suele decirse, “fuera máscaras”.

Un federalismo auténtico y funcional es todavía una asignatura pendiente en nuestro Estado de derecho.

Señalo también la grave responsabilidad del PAN, que, tras una larga trayectoria de condescendencia con actos ilícitos y con una dirigencia sin autoridad moral y de irrelevante desempeño, ha sido cómplice de este atentado a la voluntad popular.

Publicado en Excelsior