Ciudad de México, 11 de agosto de 2019.- “En estos tiempos de desprecio al Estado de Derecho y las instituciones, Morena presentó su iniciativa de Ley sin diagnóstico objetivo. Pretende borrar el Seguro Popular, lo que pone en riesgo a millones de mexicanos y su acceso oportuno a los servicios y los medicamentos necesarios para la atención de su salud, afirmó el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, al advertir que definitivamente con la salud no se juega.

De esta manera, el líder de la bancada panista comentó la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud que ha sometido el partido del Presidente de la República a la consideración del Congreso de la Unión, cuyo contenido, dijo, no parte de un diagnóstico preciso con base y evidencias científicas, más bien, es una propuesta incongruente y sin sentido con afán destructivo.

“Debemos reflejar en la ley que el país no se vea expuesto a situaciones como la actual en la que México no tiene abasto de vacunas doble y triple viral, que previenen diversas infecciones, como el sarampión, y llegarán hasta noviembre y diciembre, de acuerdo con las autoridades”, añadió.

El objetivo de este gobierno es sustituir la Comisión Nacional de Protección Social de Salud (Seguro Popular) por el Instituto de Salud para el Bienestar (InSaBin), es decir, darle un giro a la compensación económica entre entidades federativas, instituciones y establecimientos del Sistema Nacional de Salud, sin un estudio técnico y actuarial, por lo que no hay condiciones por ahora para dictaminar la iniciativa de Morena en la materia.

Recordó que, de acuerdo a la Constitución Política, el derecho a la salud es un derecho fundamental de todas y todos los mexicanos y el Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar.

En ese marco, señaló que no se vislumbra en la propuesta de Morena la solución al reto que enfrenta actualmente la población mexicana sin seguridad social, ni acceso a los servicios de salud, como sí lo ha hecho el Seguro Popular, que ha extendido su cobertura a 53 millones de personas en los últimos 15 años, en un esfuerzo inacabado y lejos de ser calificado como fracaso.

Al hacer una relación de deficiencias e inconsistencias de la iniciativa del gobierno, a través del partido Morena, Romero Hicks expuso:

Elimina las bases legales que garantizan el financiamiento gubernamental del actual Seguro Popular sin proponer un nuevo esquema que dé certeza y seguridad jurídica a todos los mexicanos de que efectivamente tendrán acceso a todos los servicios de salud que requieran y a los medicamentos necesarios para su atención, sin ninguna limitante.

Los anterior genera una gran duda, pues en lo que va de este gobierno el sector salud ha enfrentado una serie de recortes presupuestales que han limitado su capacidad para ofrecer sus servicios. De dónde saldrán los recursos para financiar su propuesta, es algo que no ha dicho este gobierno.

La propuesta no plantea con claridad cuál será el nuevo esquema de financiamiento ni las corresponsabilidades de los ámbitos de gobierno al respecto. Tampoco una fórmula para transferir los recursos federales a los estados, como sí lo establece el Seguro Popular.

Se centraliza por parte de la Secretaría de Salud la provisión de los servicios y el padrón de beneficiarios que no cuentan con seguridad social para la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos asociados.

Se elimina valorar el desempeño del Sistema Nacional de Salud y los requisitos mínimos de certificación para la acreditación sobre la calidad de los servicios, aspectos fundamentales para la mejora continua y calidad de los servicios.

Se elimina el Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud y se sustituye por Compendio Nacional de Insumos para la Salud a cargo de la Secretaría de Salud y ya no del Consejo de Salubridad General, sin definir con claridad si dicho Compendio integra a los tres niveles de atención.

Se eliminan los regímenes estatales de protección social en salud y todo se realizará vía convenios de coordinación por la centralización que se pretende de los servicios y recursos en salud.

Elimina el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y propone un “fondo de reserva”, que además de la atención de enfermedades que originan gastos catastróficos, incluirá también el apoyo a las diferencias imprevistas de demanda y las necesidades de infraestructura, además de manera discrecional, la Secretaría de Salud definirá sus reglas de operación.

Con la propuesta, se pierde la seguridad para miles de familias de recibir los tratamiento y la atención de alta especialidad y alto costo, ante la eventualidad de que alguno de sus miembros enfrente alguna enfermedad que origine gastos catastróficos, pues el fondo destinará recursos para otras necesidades que, aunque loables e igualmente importantes, no deberían ser financiados con recursos del actual Fondo que, de acuerdo con la Ley vigente, se etiquetaron solo para atender enfermedades que originan gastos catastróficos.

“El GPPAN a través de lo integrantes de la Comisión de Salud construirán una mejor propuesta en materia de salud, porque nuestro país requiere de una transformación profunda de todas sus estructuras, pero bajo el estudio previo y diagnóstico preciso que nos permita tomar las mejores decisiones. No podemos ni debemos aventurar nuestras decisiones, con base en la presunción de que todo lo hecho en el pasado, está mal hecho, y por lo tanto hay que eliminarlo. Las circunstancias económicas por las que atraviesa el país, nos obligan a tomar las mejores decisiones, eficaces y eficientes”, finalizó Romero Hicks.