Ciudad de México 24 e septiembre de 2019.- El senador Víctor Fuentes Solís calificó de “aberración jurídica” la propuesta de los senadores de Morena para desaparecer los poderes de los estados de Tamaulipas y Guanajuato, “no sólo por inconstitucional sino por incongruente”.

Recordó que el razonamiento de Morena para su solicitud es la incidencia delictiva en esos estados, pero entonces -dijo- primero habría que desaparecer los poderes de los estados que tienen mayor delincuencia como el Estado de México, Ciudad de México y Jalisco.

“Efectivamente, el artículo 76 de nuestra Constitución otorga al Senado la facultad de declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, pero en Tamaulipas y Guanajuato no se cumplen ninguno de los supuestos que señala la ley reglamentaria”, explicó.

Fuentes Solís afirmó que en esos estados no se han quebrantado los principios del régimen federal; los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial locales tampoco han abandonado sus funciones y mucho menos están imposibilitados físicamente.

“Nadie está prorrogando sus cargos más allá de su periodo ni se están promoviendo formas de gobierno distintas a lo establecido en la Carta Magna, por lo tanto no aplica la desaparición de poderes”, subrayó.

Aclaró que, en todo caso, se trata de una intención política sin sustento que busca amedrentar a la oposición que ha hecho fuertes cuestionamientos al Gobierno federal y a gobiernos locales emanados de Morena, como el de Veracruz que “sí está violando principios del federalismo”.

“El federalismo supone el reconocimiento y existencia de fuerzas distintas del poder central, sin embargo el gobernador Cuitláhuac García con apoyo de la bancada de Morena en el Congreso local, atentó contra una institución autónoma como lo era la Fiscalía General de Veracruz”, dijo.

El legislador federal por Nuevo León llamó a que, así como acusa Morena, se haga un análisis de en qué otras entidades no es posible que sus habitantes vivan en paz ni puedan desarrollar sus actividades de manera normal, encontrándose en peligro su vida día con día.

“En prácticamente todo el territorio nacional no hay seguridad jurídica para que las instituciones públicas, principalmente las de seguridad, desarrollen las funciones que constitucional y legalmente tienen encomendadas… eso no quiere decir que vamos a desaparecer los poderes en todas las entidades federativas”, concluyó.