Ciudad de México, 25 de septiembre de 2019.- Legisladores federales de Acción Nacional presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y solicitaron la intervención del ombudsman Luis Raúl González Pérez para frenar la violación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes afiliados al Seguro Popular, principalmente de beneficiarios del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Encabezados por el Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, Secretario de la Comisión de Salud, los legisladores panistas expresaron su rechazo a la intención del Gobierno Federal de utilizar los recursos públicos de este Fondo a discreción y sin fines conocidos, en clara violación al marco legal vigente, puesto que este dinero debe utilizarse, exclusivamente, en la atención médica de alta especialidad dentro del Seguro Popular.

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos es un Fideicomiso que funciona como una bolsa de reserva para enfrentar las contingencias más costosas y frecuentes que afectan la salud de las personas que no cuentan con afiliación al IMSS, al ISSSTE u otra institución.

Ramírez Barba sostuvo que mediante ese fondo se da cobertura en cuidados intensivos neonatales, todos los canceres de la infancia y la adolescencia, cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer de próstata, leucemia, hepatitis, infartos, enfermedades metabólicas, entre otros padecimientos.

Durante la presentación de la queja en la sede de la CNDH del sur de la Ciudad de México, dijo que de consumarse la desaparición de este fondo o concretarse el desvío de recursos, se dejaría sin atención a miles de niños y adultos, cuyo tratamiento hoy está garantizado con el dinero de dicho fondo.

“Por ello solicitamos la intervención del Ombudsman Nacional ante el Ejecutivo Federal, la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a fin de que se sirva emitir las medidas cautelares correspondientes, tendientes a evitar un daño irreparable a los enfermos, vulnerando el derecho a la salud”, aseguró.

“Pedimos a la CNDH actuar para impedir que se violen los derechos humanos de los afiliados al Seguro Popular, en particular de los menores, a efecto de que no se lesione, ni interrumpa la debida asignación de los recursos que ya se encuentran en el Fondo referido. Demandamos también que se garantice la regularización de la compra y distribución de los medicamentos necesarios para su atención médica y regularice la prestación de servicios”, dijo.

Actualmente los recursos acumulados en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos suman alrededor de 80 mil millones de pesos, por su monto se ha convertido en el botín que el Gobierno Federal quiere usar para gastar a su antojo, sin importar que sean las reservas acumuladas para enfrentar las enfermedades que empobrecen a las familias mexicanas.

Es muy grave y es ilegal que se pretenda desviar el dinero para la atención médica, cuando en los últimos meses hemos presenciado una crisis en el sector salud: desabasto de medicinas, falta de pagos a médicos residentes y servicios insuficientes.

Advertimos que el día 12 de septiembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se delegan facultades en el Director General de Administración y Finanzas de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, publicado el 12 de julio de 2019”; con lo que se autoriza que el Director General de Administración y Finanzas de la Seguro Popular, pueda tomar recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Ramírez Barba señaló que una señal muy peligrosa es que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, se eliminan las reglas para la administración y distribución de los recursos del Seguro Popular, siendo que esta normatividad actualmente obliga a las autoridades a eficientar los recursos para la sustentabilidad financiera del sistema de salud y garantizar la atención que cada paciente requiere.

De seguir en esta ruta, como pretenden en la Cuarta Transformación, regresaríamos a la opacidad en el reparto del dinero para la salud. NO habría garantía de atención, ni de suficiencia de medicamentos, puesto que los recursos públicos estarían sujetos a los caprichos del Presidente, el Secretario de Salud, o podrían ser usados para otros fines como gasto corriente, u otros programas “más importantes”, a juicio de la Federación.

No podemos ni debemos permitir que se siga violando el Estado de derecho y se pretenda dejar sin efecto las leyes vigentes; estamos seguros de que la CNDH y su titular serán consecuentes con este planteamiento, como lo han hecho ya con las estancias infantiles.

Pedimos a las organizaciones civiles, trabajadores del sector salud, pacientes y a la población en general, sumarse a la defensa del derecho a la protección de la salud, a utilizar los recursos jurídicos a nuestro alcance, como ya se está haciendo para frenar otras decisiones irresponsables de este gobierno, finalizó.