Por Alejandro Díaz.- 

Las encuestas que muestran la aceptación presidencial nos dicen que el titular sigue teniendo amplio apoyo popular. Sin entrar en discusiones si son hechas profesionalmente o a modo, en todas, la tendencia es a la baja. Es natural que el apoyo popular a un gobernante cambie con el tiempo, con sus declaraciones y sus actos de gobierno. Puede crecer si es atinado o disminuir si no lo es.

Perdió el apoyo de inversionistas con su primera decisión importante: cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Si bien para el primer mandatario lo importante era dar un golpe de timón que impactara, lo hizo a costa de detener cientos de nuevas inversiones. Además de ello, enrareció el Estado de Derecho, afectó el ambiente empresarial y frenó la confianza del consumidor. Logró inhibir lo que dijo desear más: mejorar el nivel de vida de los menos afortunados.

Parece que nunca ha relacionado que sin inversiones no hay forma de crear empleos duraderos, y aunque intenta sustituir éstos con dádivas mensuales, no será posible que ellas contribuyan al sostenimiento de los gastos del Estado. Alguno de sus subordinados ya han esbozado que se requiere la colaboración de la iniciativa privada tanto en la inversión de infraestructura como para generar empleos, pero él sigue sin reconocerlo.

Para afectar más el Estado de Derecho aceptó las demandas de la CNTE para desaparecer la Reforma Educativa sin escuchar públicamente al sindicato mayoritario, el SNTE. Permitió que se cercara al Congreso para garantizar esa desaparición en sus términos, en una especie de repetición del Motín de la Acordada.

No ha logrado reducir la violencia, en especial la del crimen organizado. Con expresiones ridículas muestra su desdén por quienes la causan, pero no ha hecho nada concreto excepto la formación de la Guarda Nacional. Para nuestra desgracia ésta ha sido menos exitosa que la Policía Federal que heredó, y el índice de homicidios se ha triplicado. También el número de secuestros y de robos se incrementó; la sensación popular de inseguridad va en aumento y responsabiliza de ella al gobierno.
Él delega la responsabilidad a su “gabinete de Seguridad” con quien se reúne cada madrugada antes de su conferencia de prensa, pero los índices delictivos no dejan de subir. A las Fuerzas Armadas las acotó hasta el absurdo de ordenar que éstas no usen sus armas de cargo aunque sean intimidados y maltratados. Ordenó el traslado a la Guardia Nacional de todos los integrantes de la Policía Federal sin respetar las leyes laborales. Esta medida despertó inconformidades y numerosas manifestaciones hasta que -dos meses después- finalmente les reconoció sus derechos.

A los agricultores los trató por igual como si todos fueran latifundistas, sin importarle que muchos ejidatarios y pequeños propietarios tuvieran predios apenas mayores a cinco hectáreas Canceló el subsidio a combustibles, desconoció el apoyo al seguro agrícola y a la mecanización del campo; su política de precios de garantía todavía está por dar resultados, y por lo pronto no alienta a sembrar. El campo no está entre sus prioridades.

Cada sector mencionado no siente que reciba lo necesario del Gobierno de México, y que a su cambio de nombre es más cosmético que real. El Estado de Derecho está cada vez más frágil, las inversiones y el empleo siguen detenidos, a la educación pública no se le ve pies ni cabeza, la seguridad pública va en picada y el campo nuevamente espera que se le haga justicia. Si así es la Cuarta Transformación ¿Hasta cuándo aguantaremos?

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