• Plantea controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• Ciudadanos podrán apelar al Tribunal Constitucional con menos de 3 mil firmas.

A propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), las resoluciones del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México podrán ser controvertibles en casos de violación a los derechos humanos.

La iniciativa fue presentada por el coordinador del GPPAN, Santiago Creel Miranda y modifica la propuesta del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, que establece como “inatacables” las resoluciones de dicho Consejo.

“Lo previsto en el apartado D, numeral 1, en el sentido de que las resoluciones del Consejo de la Judicatura son inatacables es indebido, excepcionalmente lo pueden ser cuando se cometan violaciones graves o sistemáticas a los derechos humanos y sus garantías. Se propone dejar abierta esa posibilidad”.

De esta manera se podrán interponer recursos en casos excepcionales como la violación a los derechos humanos para que no sea un tema de última instancia, según la iniciativa analizada en el seno de la Comisión de Justicia.

Igualmente se aprobó en dicha Comisión introducir la paridad de género en el Poder Judicial por lo que tendrá que haber un 50% de mujeres entre los jueces y magistrados de la Ciudad de México, señala el proyecto de dictamen.

Entre otros temas, el PAN también propuso que los ciudadanos puedan accionar el Tribunal Constitucional con el equivalente al 0.05% de firmas del listado nominal de la ciudad de México; es decir, poco menos de 3 mil.

La propuesta del Jefe de Gobierno plantea que pueden acceder al Tribunal Constitucional diversas autoridades para promover controversias y los ciudadanos sólo podrán hacerlo recabando 10 mil firmas.

El PAN considera que 10 mil firmas es un exceso y cierra las puertas a la ciudadanía. Por ello propuso que sea el 0.05% del listado nominal; es decir, menos de la mitad de las firmas que se necesitan para una iniciativa ciudadana.

Es decir, estamos hablando de menos de 3 mil para solicitar que el Tribunal Constitucional pueda resolver una controversia promovida por un ciudadano, establece la iniciativa del GPPAN.