Por Alicia Vera Arenas.- El proceso de institucionalización política del México posrevolucionario, se basó en la creación de una estructura de gobierno ampliamente burocrática, al amparo de la hegemonía política priísta, donde cada cargo era sinónimo de solemnidad absoluta por parte de la sociedad; ahí dentro existía un gran universo de maniobra, por el simple hecho de estar en un espacio de poder.

Con el crecimiento y evolución del sistema electoral, las estructuras gubernamentales (y con ello quienes las conformaban), tuvieron que irse adaptando a los cambios en cuanto a prestación de servicios y niveles de respuesta institucional. Llegada la alternancia democrática, trajo consigo notables cambios, tales como la rendición de cuentas, la transparencia y el desmantelamiento del Estado sacralizado, para dar paso al escrutinio público, así como la apertura a las constantes críticas de la llamada “opinión pública”, que en México, no es otra cosa más que el monopolio de la información por parte de quienes tienen acceso a espacios en radio, televisión y prensa impresa; aunque hoy en día las redes sociales están ganando espacio para poder ser una alternativa de información y expresión.

Con lo anterior encontramos a una sociedad cada vez más demandante en cuanto a la eficacia de procesos administrativos, y más crítica en lo referente al actuar de quienes en forma constante son parte del sistema político.

Sin embargo, tras el desgaste electoral, político y social de quienes han detentado el poder en el país, encontramos un comportamiento atípico en las elecciones presidenciales del pasado 2018, dónde el voto de castigo encumbró a los constantes “residuos” del sistema político mexicano. Es así como hoy en día, con un Congreso de la Unión mayoritariamente a favor del Ejecutivo federal, vivimos lo que es la franca decadencia del institucionalismo mexicano.

¿Y cómo es que me he aventurado a realizar tal afirmación? La respuesta se encuentra en los primeros párrafos de este escrito, dónde es posible recordar el amplio aparato gubernamental priísta, con un gobierno hegemónico omnipresente, dónde quienes lo conformaban podían gozar de todos los márgenes de acción política, administrativa y económica; sin embargo con esos excesos, existía “respeto” (o sometimiento), por parte de la sociedad.

Después pasamos al proceso democratizador del país, dónde el ciudadano se encuentra cada vez más informado, mas cerca de la toma de decisiones, con lo que se convierte en un ser más crítico y menos subyugado al gobierno.

Por último, tenemos de frente el desmantelamiento total de organizaciones gubernamentales, cómo es el caso del seguro popular y el fondo pyme, entre otras; a la par del aislamiento a la sociedad civil, restringiendo el acceso a fondos públicos y haciendo constantes críticas para demeritar su labor. Por último encontramos los cambios estructurales para volver inoperantes a otros organismos, con el fin de seguir centralizado el poder, y es así como hay una Secretaria de la función pública resumida a cero, o un triste y doloroso caso como la imposición por medio del fraude de quién hoy ya es presidenta de la CNDH.

(“) Miembro de Plumas Azules.