Ciudad de México, a 3 de enero de 2020.- El presupuesto federal aprobado por Morena para el 2020 abre de par en par las puertas para la corrupción de la nueva élite del poder: 400 mil millones de pesos sin reglas de operación, concentración del 70 por ciento de recursos para desarrollo económico en cinco estados gobernados por ese partido y manejo de millones de pesos en efectivo para el pago de clientelas electorales sin padrón de beneficiarios.

Así lo afirmó el vocero del PAN, Fernando Herrera Ávila, quien dijo que “en arca abierta hasta el más puro peca, sin que esto quiera decir que el gobierno de Morena haya demostrado su pureza, sino más bien al contrario: genera sospechas que más del 70 por ciento de los contratos del gobierno en 2019 hayan sido entregado en lo oscurito, de manera directa y discrecional, sin concurso público”.

Hay muchísimo dinero en manos de los cuadros de Morena en el gobierno y no hay que ser muy duchos para advertir el riesgo de corrupción en un gobierno donde el presidente privilegia sus decisiones personales por encima de la ley, la Secretaria de la Función Pública es una fanática del caudillo, la Fiscalía General es una posición del Ejecutivo y el Congreso también está dominado por él, agregó.

Herrera Ávila destacó que, a ojos de todo el mundo, la supuesta lucha del régimen contra la corrupción ha sido un eslogan sin consecuencias. “Los tres o cuatro encarcelados hasta el momento tienen en común que, de una forma u otra, están vinculados al escándalo de René Bejarano, quien era secretario particular de López Obrador y fue exhibido cuando recibía millones de pesos de Carlos Ahumada”.

Agregó: La bandera contra la corrupción es pura retórica para presentarse como si realmente fueran honestos, pero no hay ninguna prueba que los respalde; al contrario, cada vez son más los miles de millones de pesos que están a su disposición y no tienen que rendir cuentas a nadie, ni manera de comprobar que efectivamente los recursos están llegando a quienes los necesitan.

El vocero consideró que no basta declarar constitucionalmente grave la corrupción porque la modificación de la ley no modifica la realidad en automático. “Se requieren medidas concretas contra la corrupción y, en un año, el gobierno no ha implementado ninguna, sólo se ha limitado a declarar, sin pruebas, que ya acabó con ella, como si el presidente fuera un Dios capaz de modificar la realidad con su palabra”.