Por Juan José Rodríguez Prats

“Uno no puede ponerse de lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la padecen”
Albert Camus

En una arbitraria y atrevida clasificación de los excesos de la violencia legal, la que el Estado ejerce, se pueden identificar dos tipos: la utilizada para imponer el orden y la resultante del desorden. Un ejemplo del primer caso es la represión del dos de octubre de 1968 en Tlatelolco, que tuvo como consecuencia la pérdida de 38 vidas; en el segundo, Ayotzinapa y Tlahuelilpan, con 43 y 137 decesos, respectivamente.

Estoy convencido que Díaz Ordaz y Echeverría ordenaron al batallón Olimpia disparar sobre los asistentes al mitin, provocando la reacción del Ejército. Había la intención clara de terminar, de una vez por todas, con el movimiento estudiantil y así permitir la realización de las olimpiadas. En el uso de la violencia del desorden, son evidentes las omisiones, los descuidos, la negligencia, la complicidad de los tres órdenes de gobierno con los resultados conocidos.

Me temo que este será el escenario para 2020. No creo que el peligro mayor sea la concentración del poder en el Ejecutivo federal y que algunos ven como un retorno al pasado, sino la degradación paulatina de nuestras instituciones y la descomposición de nuestra vida cotidiana.

A lo anterior hay que agregar una amenaza real. El viejo PRI (no el de Peña Nieto, sino el de antes del 2000) resulta una blanca paloma frente al Morena que se está cuajando en estos tiempos y que se prepara para dar en el 2021 la más sucia batalla política para consolidar la continuidad de un gobierno irresponsable que está dañando gravemente a México. Los súper delegados estatales son los operadores al frente de los “servidores de la nación”; los programas sociales son la moneda de cambio y la enorme concentración de recursos en el Ejecutivo federal son las armas usadas a discreción para manipular la voluntad ciudadana.

Otro ingrediente, en tanto López Obrador siga creyendo que la capacidad y la experiencia son irrelevantes y la administración pública continúe en manos de personas notoriamente incompetentes, los servicios públicos se deteriorarán aún más en perjuicio de los usuarios.

En las postrimerías del gobierno de Carlos Salinas, se formó el Grupo San Ángel, cuyo propósito era evitar un choque de trenes, dado lo cerrado de la contienda de 1994. Afortunadamente, no sucedió. Las circunstancias hoy son más graves. Se percibe en el encono, la efervescencia y la fragmentación de nuestra vida política, desde la ciudadanía hasta la cúpula de los partidos políticos. 2021 puede ser el reinicio de nuestra transición a la democracia o el ignominioso reconocimiento de un fracaso más en el intento de mejorar el desempeño de nuestras instituciones como único método para fortalecer nuestro Estado de derecho. O nos domina un hombre obsesionado con el poder o se cumple nuestra Constitución. De ese tamaño es el desafío.

La convocatoria, pues, se repite. Hay que sumar voluntades, descubrir y detonar liderazgos, definir los principios básicos en los que se ha venido insistiendo hasta la saciedad.

La transformación más profunda, fecunda y trascendente de nuestra historia se dio contra el gobierno de Santa Anna en 1854, encabezada por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Esa generación liberal y la Constitución de 1856-57, defensora de las ideas de la Ilustración y responsable de la segunda independencia de México, tuvo una clara idea de cómo gobernar y qué hacer desde el poder. Sus más destacados líderes son los fundadores del Estado mexicano. Abrevar de sus enseñanzas representa un ejercicio inevitable.

El economista Paul Romer distingue entre optimismo complaciente y optimismo condicional. El primero consiste en esperar que el transcurso del tiempo resuelva los problemas. El segundo, que los problemas se resolverán siempre y cuando nos involucremos en hacerlo. No hay de otra.