Chihuahua, Chih. 25 de febrero de 2020.- Una opinión experta, solicitada a la Secretaría de la Función Pública (SFP) por la Fiscalía General del Estado, determinó que 10.4 millones de pesos encontrados en las cuentas bancarias del magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, no coinciden con sus ingresos como funcionario, señaló Mónica Vargas Ruiz, titular de la SFP.

Cuestionada por los representantes de medios de comunicación sobre el caso de Ramírez Alvídrez, explicó que sus ingresos “no coinciden con su actividad profesional como magistrado. No checan los ingresos que él reporta provenientes de su sueldo, no son iguales con los que tiene en su cuenta bancaria”.

La secretaria dijo haber recibido, por parte de la Fiscalía General del Estado a través del Ministerio Público (MP), la solicitud de aportar la opinión experta con respecto a la evolución patrimonial de Jorge Abraham Ramírez.

Detalló que la Dirección de Evolución Patrimonial proporcionó las declaraciones patrimoniales que Ramírez Alvídrez entregó como diputado, posteriormente como funcionario público del Ejecutivo y ahora magistrado en el Poder Judicial.

“Fuimos a revisar a las oficinas de los Ministerios Públicos y, en ese momento puso a disposición todos estos documentales que tenían que ver con sus declaraciones patrimoniales y cómo estaban sus registros bancarios”, expresó.

Agregó que algunos documentos fueron aportados por el titular del órgano interno de control del Poder Judicial y otros más fueron solicitados por el MP a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, respecto a los registros de sus bienes y sus vehículos.

Dijo que derivado de un convenio que el gobernador Javier Corral firmó en 2019 con el titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto, se recurrió a la intervención de esta dependencia federal, quien junto con la CNBV, proporcionó los elementos requeridos para hacer este tipo de evoluciones patrimoniales.

Vargas Ruiz indicó que con la serie de documentales que tienen que ver con la actividad financiera del magistrado Jorge Ramírez, se determinó cuáles eran los ingresos lícitos que declaraba el magistrado que provenían de su sueldo y el de su cónyuge.

“Ahí (de esa información) se obtuvo un recurso del cual no teníamos identificado su origen, de alrededor de 10.4 millones de pesos”, concluyó la titular de la Secretaría de la Función Pública.