Ciudad de México 31 de marzo de 2020.- La pandemia del coronavirus que provoca la enfermedad COVID-19 no es un hecho menor, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en todo el mundo hay más de 697 mil casos confirmados, 37,582 mil fallecimientos y se ha afectado a 203 países o territorios. Es por ello que la autoridad sanitaria internacional advirtió el 17 de marzo que era necesario hacer pruebas pues “el aislamiento no es suficiente para extinguir la pandemia si no va acompañado de las pruebas de detección del virus”.

Pese a lo anterior, el gobierno mexicano ha decidido no seguir los exhortos de la OMS sobre el tema de las pruebas al grado de declarar que “los exámenes no tienen una repercusión sobre la capacidad de identificar los casos positivos de COVID19”, según las palabras del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En redes sociales, los ciudadanos han denunciado que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) no está realizando pruebas de COVID-19 aún cuando los pacientes presentan síntomas. A la fecha, existe total opacidad en los datos oficiales sobre las pruebas realizadas por la Secretaría de Salud, lo que deja en indefensión a millones de mexicanos ante la pandemia que, en nuestro vecino del norte, ya suman más de 164 mil casos y más de tres mil decesos.

En ese sentido, el Partido Acción Nacional representado por la Senadora Kenia López Rabadán, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y Mariana Gómez del Campo Gurza, Secretaria de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la falta de pruebas para la detección de la enfermedad COVID-19 en medio de una pandemia global.

Cabe recordar que el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra el derecho de toda persona a tener “un nivel de vida digno y adecuado que le asegure la salud y el bienestar” así como la “asistencia médica”.

El documento entregado ante la CNDH solicita que se tomen medidas cautelares pues existe “peligro en la demora” ante los daños de difícil o imposible reparación que suponen esta omisión por parte del gobierno federal poniendo en riesgo la vida de millones de mexicanos.