Ciudad de México, 7 de abril del 2020.- Ante las agresiones que reciben medios de comunicación y periodistas por criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los actores de la 4T, incluyendo sus gobiernos estatales, la diputada del PAN, Adriana Dávila Fernández, presentó un punto de acuerdo en el que exigió que el gobierno federal, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) garanticen la libertad de expresión e investiguen las cuentas de redes sociales de donde salen las amenazas por el libre ejercicio de las ideas.

Sólo como uno de muchos ejemplos, la legisladora recordó que uno de los casos más recientes es el de la periodista Lourdes Mendoza, quien, en su columna En la mira, en Eje Central, habló del deteriorado estado de salud del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. De inmediato, la comunicadora comenzó a recibir ofensas en su cuenta de Twitter, por lo que denunció, a través de la misma red social, la violencia de género en su contra.

Por ello, sostuvo que es indispensable garantizar la libertad de expresión de todos quienes ejercen el periodismo, porque en un país como México, considerado como uno de los más peligrosos para ejercer esa profesión, es inadmisible que se atente contra el libre ejercicio de quienes emiten sus opiniones en los medios de comunicación y en las propias redes sociales.

Ante esas amenazas, Dávila Fernández señaló que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana debe de investigar, a través de la División General Científica, los ataques que se presentan sistemáticamente y hacer públicos los resultados de esas indagatorias para garantizar el derecho de los comunicadores a realizar con libertad su ejercicio profesional.

En cuanto a la FGR, la legisladora indicó que, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, debe atraer las investigaciones de las agresiones a periodistas y medios de comunicación y dé a conocer las carpetas de investigación que se han integrado en este sexenio.

Sostuvo que la presidenta de la CNDH debe hacer valer las facultades que le otorga Ley de la Comisión Nacional, así como su Reglamento Interno para solicitar a las autoridades competentes medidas cautelares, a fin de prevenir, atender y asistir a los periodistas por las agresiones de las que pueden ser objeto, e informe las recomendaciones que ha hecho respecto de las agresiones a representantes de medios de comunicación.

La Secretaría de Gobernación, añadió la panista, debe poner a disposición de los ofendidos el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas e implementar y operar las medidas de prevención y protección para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de los periodistas que han recibido amenazas y que se encuentren en situación de riesgo.

En cuanto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Dávila Fernández dijo que debe asistir y vigilar la operación de los procesos y procedimientos jurídicos con el propósito de otorgar asesoría y representación jurídica a los periodistas víctimas de acoso y violencia.

El Estado mexicano, precisó la diputada del PAN, debe otorgar todas las facilidades para que los medios de comunicación y los periodistas puedan ejercer con plenitud su derecho a la libertad de expresión, sin que esta se vea amenazada por agresiones a través de sistemas tecnológicos instalados para amedrentar y realizar ataques a quienes no piensen igual que el presidente de la República.